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La Procuraduría General de la República (PGR) remitió al Congreso Nacional un proyecto de ley antisoborno, que pretende fortalecer los controles en las compras públicas y reducir las oportunidades de corrupción en la contratación estatal. La designada presidencial María Antonieta Mejía afirmó que la norma busca impedir que compras y adjudicaciones se conviertan en vías para actos al margen de la ley y que se complementa con un enfoque de transparencia y fiscalización.
Mejía explicó que el Ejecutivo duplicó el presupuesto del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para permitir auditorías recurrentes y un acompañamiento más intenso a las 298 municipalidades, con el objetivo de detectar irregularidades y fortalecer la rendición de cuentas a nivel local. Además, aseguró que el presidente ha pedido a sus ministros actuar con rectitud y con datos abiertos como práctica de gobierno, favoreciendo la supervisión ciudadana y el escrutinio público.
La funcionaria destacó que la lucha contra la corrupción será frontal e ineludible, y pidió al Legislativo avanzar en la ley antisoborno como herramienta legal para sancionar y prevenir delitos vinculados a compras públicas. Asimismo, propuso mejorar los mecanismos que permitan la participación ciudadana en nombramientos y controles de entes públicos, con el fin de evitar manipulaciones y garantizar instituciones más independientes y transparentes.
