Sefin no tiene objeción en que se supriman las compras directas a ministros

Tegucigalpa,Honduras miércoles 14 diciembre   2022

La ministra Rixi Moncada, señaló que desde la Secretaría de Finanzas (Sefin), no hay objeción para que el Congreso Nacional (CN), suprima las comprar directas en el Presupuesto General.

No obstante, Moncada aclaró que la decisión es una potestad que compete a la cámara de diputados.

A través de Twitter, la ministra Moncada dejó saber que el procedimiento especial para compras y contrataciones, aprobado y vigente en el Presupuesto del 2022 y reformado por el Congreso para incluir instituciones descentralizadas; “la SEFIN no tiene ninguna objeción para que, en 2023, la Comisión de Dictamen @hnoepino, dentro de sus competencias, lo suprima”.

El artículo 289 del anteproyecto del Presupuesto generó polémica y denuncias, pues contempla que los ministros puedan realizar las compras de bienes y servicios, y contrataciones directas.

Según los cuestionamientos, con lo anterior se estaría obviando la Ley de Contratación del Estado que obliga a licitaciones.

En pocas palabras, de aprobarse el anteproyecto tal como está, los ministros no tendrían que consultar al Ejecutivo y se sabe que solo se pueden realizar contrataciones directas cuando hay una emergencia declarada.

En ese sentido, la misma Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, solicitó al Congreso la eliminación de los artículos 289, 290 y 291 del proyecto del Presupuesto General y que se encuentran en el capítulo XX por contravenir varias disposiciones constitucionales, de la Ley de Contratación del Estado.

Transparencia remarca en un documento técnico que lo estipulado en el proyecto del Presupuesto eliminaría la obligación de los ministerios de realizar la contratación de bienes y servicios del Gobierno vía licitaciones y concursos, dejando vía libre a la contratación directa.

En consecuencia, el artículo 290 del proyecto de presupuesto de Ingresos y Egresos “es totalmente contrario a las disposiciones legales ya establecidas” y que son de obligatorio cumplimiento de parte de las instituciones.

Fuente:La Tribuna