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La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha reconocido esta mañana su intención de cambiar uno de los aspectos del borrador de la ley de Ciencia que más ampollas ha levantado entre el personal investigador. El texto dejaba a 15.000 jóvenes científicos sin el derecho a ser indemnizados tras terminar su contrato.
Aunque el borrador introduce el derecho a indemnización (12 días de salario por año) para el personal en formación (predoctoral) y para los que ya hicieron la tesis (postdoctoral), se aplica solo a los contratos a partir de la entrada en vigor de la norma. De esta forma, 15.000 investigadores —de ellos, más de 10.000 predoctorales y 5.000 postdoctorales— que desarrollan su trabajo en la actualidad se quedarían sin el derecho que tiene todo trabajador.
La situación fue denunciada por diferentes colectivos, que pedían que la medida fuera retroactiva para no dejar a nadie fuera. «Esto va a hacer mucho ruido», decían desde una de las plataformas contra la precariedad de la ciencia. «Doce días por año es más o menos aceptable, porque es una figura en formación. Pero el problema es que no sea de carácter retroactivo», señalaban.
Según ha explicado Morant en un desayuno informativo en Madrid, la ley, en fase de alegaciones y que será aprobada por el Consejo de Ministros la próxima semana, pretende reconocer «un derecho que había sido cercenado». Sin embargo, en un primer momento no se contempló que fuera retroactivo porque suponía que los centros de contratación, como las universidades o las comunidades autónomas, se enfrentaran a una cuantías que no tenían contempladas en sus presupuestos. Ahora, tras las quejas de los científicos, Morant dice que estudia junto a estos centros «de qué manera podemos hacer frente a esas indemnizaciones».
Tenure-track
En cuanto a la nueva modalidad de contratación similar al ‘tenure track’ —aunque le han borrado el nombre—, Morant dice que supone abandonar la fórmula de ‘obra y servicio’, que obligaba al investigador a dejar su puesto de trabajo en solo tres o cuatro años, con todos los perjuicios que eso suponía tanto para el proyecto en el que se encontraba trabajando como para su estabilidad laboral y personal. En su lugar, se impondrán contratos indefinidos «que darán más estabilidad y ahorrarán sufrimientos a los investigadores», asegura la ministra, al tiempo que rechaza que de esa forma se pongan en riesgo miles de puestos de investigación, como advirtieron los sindicatos.
La titular de la cartera de Ciencia ha prometido que en los «próximos dos años», su Departamento va a «deshacer el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores», después de una «década de precarización y recortes» en el sistema nacional científico e innovador. Esta reforma «ayudará a saldar la deuda histórica con la Ciencia» que, en palabras de la ministra, ha sufrido una «década de especial abandono». En este sentido, ha comentado que entre 2011 y 2016 se «destruyeron» en España más de 5.000 puestos de investigadores. Y en la próxima década se prevé la jubilación de más de 25.000 investigadores y profesores universitarios en el sistema, «abriéndose así una oportunidad única de relevo generacional y retorno de talento».
Científicos en el extranjero
De igual manera, Morant cree que los cambios en la ley eliminarán buena parte de la burocracia que ahoga a los científicos a la hora de pedir subvenciones. «El sistema tiene que garantizar que las cosas se hagan bien, pero no puede ocurrir que la Agencia Estatal de Investigación pida justificar proyectos que se cerraron hace diez años. Hay que simplificar los requisitos, reducir las cargas burocráticas y dejar de tratar a los científicos como si fueran presuntos estafadores», ha dicho.
La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 42.000 investigadores de todo el país, ha valorado de forma positiva algunos aspectos del anteproyecto de ley, como que se mantenga el programa Ramón y Cajal —«que supone atraer talentos de alto nivel», afirma Perla Wahnón, presidenta de Cosce-, la figura del tenure-track -aunque aún está «sin perfilar»— y el reconocimiento del peso de la burocracia en la ciencia. Sin embargo, Wahnón echa en falta algunos puntos, entre ellos el futuro de los científicos españoles en otros países. «No se aborda cómo vamos a atraer el talento que se ha ido fuera», señala. Igualmente, acusa la falta de financiación. «Con el 1,41% del PIB dedicado a la ciencia no estamos en igualdad de condiciones de competir con otros países europeos —la media de la UE es el 2,3%— y aunque se prometa un 3% para 2030, los demás países también irán avanzando. Si no tenemos financiación, no vamos a poder competir», ha recordado.
