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La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió que Honduras enfrenta un grave estancamiento en seguridad ciudadana y acceso a la justicia, con un índice de impunidad de 98% en homicidios durante 2025. El informe “Estado de País 2026” señala que, aunque la tasa de homicidios ha bajado, eso no significa que el país haya superado su crisis de violencia ni que el sistema de justicia esté funcionando mejor.
Panorama de violencia
La ASJ indica que la tasa de homicidios pasó de 85.5 por cada 100 mil habitantes en 2012 a 26.6 en 2025, pero Honduras sigue siendo el país más violento de Centroamérica, con un promedio de seis homicidios al día. El organismo sostiene que esa reducción estadística no refleja una disminución real de la criminalidad ni una mayor capacidad del Estado para resolver los casos.
El reporte también señala que entre 2022 y 2025 el Estado destinó más de 130 mil millones de lempiras al sector seguridad y justicia, además de los fondos captados mediante la Tasa de Seguridad. Aun así, el sistema penal continúa estancado y la mayoría de los 74,820 homicidios registrados en los últimos 15 años sigue sin sentencia condenatoria.
Extorsión y violencia de género
En materia de extorsión, la encuesta de victimización del Instituto de la Justicia muestra que en 2025 el 10.6% de los hogares fue víctima directa, lo que equivale a 294,760 familias. La ASJ advierte además que este delito se ha expandido en departamentos como Yoro y Lempira, donde los niveles superan el promedio nacional.
El informe también resalta la crisis de violencia contra las mujeres y los menores. En 2025 se registraron 262 muertes violentas de mujeres y femicidios, lo que representa un asesinato cada 33 horas. En abuso sexual infantil, el sistema penal reporta una denuncia cada siete horas, un dato que evidencia una fuerte deuda institucional en la protección de niñas, niños y adolescentes.
Propuesta de cambio
La ASJ plantea que Honduras necesita reorientar su estrategia de seguridad hacia inteligencia táctica, fortalecimiento tecnológico, reformas legales y profesionalización de los operadores de justicia. Según el informe, solo un cambio estructural permitiría enfrentar la impunidad y recuperar la confianza en el sistema.
El mensaje central del estudio es claro: el país ha invertido mucho en seguridad, pero sin resultados proporcionales en justicia y reducción del delito. La crisis, más que de recursos, parece ser de efectividad institucional.
