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La Secretaría de Seguridad ordenó la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la DIPAMPCO, luego de la muerte de cinco policías durante un enfrentamiento armado en Corinto, Omoa, Cortés. Las autoridades indicaron que los funcionarios serán investigados para deducir responsabilidades por el operativo en el que los agentes habrían actuado sin seguir los protocolos institucionales establecidos.
Según el comunicado, el 21 de mayo de 2026 cinco miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado realizaron un allanamiento en una vivienda del casco urbano de la aldea de Corinto, vinculada presuntamente a una estructura criminal dedicada al narcotráfico liderada por Heber Noé Argueta Zavala. La Secretaría de Seguridad sostuvo que la intervención se llevó a cabo sin el acompañamiento judicial correspondiente ni las medidas de seguridad requeridas.
Durante la operación, aparentemente se produjo un fuerte enfrentamiento con los delincuentes, quienes habrían superado a los agentes, los raptaron y posteriormente los asesinaron. Más tarde, las operaciones de búsqueda permitieron ubicar cinco cuerpos abandonados en una carretera secundaria que conduce a la comunidad de Tegucigalpita, en el mismo municipio. Las características de los cuerpos hacen presumir que corresponden a los funcionarios policiales.
Los agentes identificados son el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los policías Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavidez y Emerson Josué Canales Fúnez. La Secretaría de Seguridad señaló que el mando y control de la operación estaba bajo la responsabilidad del equipo directivo de la DIPAMPCO, por lo que deberá responder por la inobservancia de los procedimientos institucionales.
Además de las suspensiones, se instruyó a la Policía Nacional para que, mediante unidades especiales, realice una intervención focalizada que permita localizar y capturar a los responsables de estos hechos. La institución aseguró que mantiene su compromiso con la transparencia y con la neutralización de la estructura criminal que opera en la zona y que estaría relacionada con otras actividades delictivas.
El caso ha generado conmoción dentro de la institución policial y vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad, coordinación judicial y control operativo en acciones contra el crimen organizado.
