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Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El presidente electo de Honduras, Nasry “Tito” Asfura ha empezado a dibujar algunas prioridades de su gobierno cuando asuma el solio presidencial el 27 de enero de 2026, siendo la derogación del estado de excepción y la ratificación del tratado de extradición, dos de los primeros anuncios a ejecutar en materia de seguridad.
El gobernante electo dijo que no era partidario de los estados de excepción permanentes, que prefiere una política integral de seguridad basada en el fortalecimiento institucional. Dejó claro así que en su administración el ilegal estado de excepción vigente no sería parte de sus ejes en materia de seguridad ciudadana.
Honduras tiene desde hace casi tres años un estado de excepción que suspende parcialmente las garantías constitucionales y es aplicado en 226 de los 298 municipios del país. Cuando fue creado en el 2022, el gobierno anunció que su vigencia sería temporal y el propósito era combatir el crimen organizado y garantizar la seguridad ciudadana, pero la temporalidad se volvió una medida permanente.
La Constitución de la República señala en su artículo 187 que la suspensión de garantías constitucionales debe ser aprobada por el Congreso Nacional, y desde que se ejecutó el estado de excepción, de los más de una veintena de decretos ejecutivos emitidos, apenas ocho han sido aprobados por la cámara legislativa, y tres publicados en el diario oficial La Gaceta.
La temporalidad del estado de excepción ha caído en una permanente ilegalidad al no existir en el congreso nacional el consenso necesario para ratificar la medida. La cámara legislativa apenas ha sesionado en lo que del 2025, la directiva ha sido incapaz de generar consensos para aprobar leyes y reformas necesarias en el país, entre ellas la ratificación del estado de excepción.
Al amparo de esta medida, los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales han advertido y registrado los casos de abuso y violaciones humanitarias cometidas con el estado de excepción: al menos 7 ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y más de 1,300 quejas registradas en contra de los cuerpos de seguridad del Estado, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
El estado de excepción otorga medidas extraordinarias del uso de la fuerza a la Policía Nacional y a la Policía Militar de Orden Público. Para el proceso electoral que acaba de concluir, al menos 90 países reunidos en Ginebra, Suiza, en el marco de los informes del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, exhortaron al Estado de Honduras a derogar el estado de excepción; igual lo han hecho instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras; el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, entre otros.
La comunidad internacional no vio con buenos ojos que Honduras fuera a elecciones bajo un estado de excepción y ante un recurso interpuesto en la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la votación a favor de la suspensión fue por mayoría y no por unanimidad, elevando el caso al pleno de magistrados del Poder Judicial, pero la sesión no se ha dado porque la presidenta de la Corte de Justicia se declaró enferma y luego llegó el receso de vacaciones de fin de año.
