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Tegucigalpa,Honduras lunes 18 julio 2022
El borrador de la nueva Constitución de Chile, que se presenta el lunes a la ciudadanía para su evaluación previa al plebiscito de septiembre, garantiza que el agua es “un bien común que el Estado debe preservar”, un cambio radical con el que se trata de frenar su comercialización y de resolver otros problemas como la mala gestión y sobreexplotación de los recursos hídricos, que “están secando el país”.
Algunos datos sostienen esta última afirmación: según el prestigioso World Resources Institute, Chile es el único país latinoamericano entre los 30 del mundo que sufrirán “estrés hídrico” extremadamente alto durante la próxima década.
Y uno de los cuatro con mayor probabilidad de padecer una disminución en el suministro de agua al año 2040.
Según el informe “Escenario Hídrico 2030”, pese al déficit de lluvias y el aumento de la temperatura global por la crisis climática, la mayor culpa la tendrá en Chile la intervención humana: 44 % por la deficiente gestión hídrica, 17 % por el aumento de la demanda de agua -principalmente por parte de la industria y la minería-, un 14 % por la contaminación y 12 % por la disminución de la oferta hídrica.
Razones que se repiten en otras regiones con una problemática similar -en especial en el África saheliana- y que, según el mismo World Resource Institute, desencadenarán distintas guerras en diversas partes del globo donde esos recursos hídricos compartan fronteras.
En Chile, hasta la fecha, ya existe uno, con Bolivia, por las aguas del río Silala, objeto de litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
UN BIEN INAPROPIABLE Y NO COMERCIABLE
“Actualmente, Chile tiene a más del 50 % de sus localidades con decreto de escasez hídrica y somos considerados un país altamente vulnerable porque cumplimos con siete de los nueve criterios que nos hacen frágil al cambio climático”, explica a Efe Victoria Uranga, directora del Centro Ecológico Churque y la Corporación Defensa de la Cuenca del río Mapocho.
“La nueva Constitución será un avance inmenso. El hecho de que el agua sea considerada un bien común natural inapropiable, que se garantice el derecho al recurso y al saneamiento para actuales y futuras generaciones marca un horizonte esperanzador”, señala.
E insiste en el inciso de que “sea inapropiable” porque implica que “no puede tener dueños” y no puede ser objeto ni de comercialización ni de especulación.
En la Constitución actual, escrita en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se lee que “los derechos particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.
Una formulación que ha permitido a la industria cometer diferentes abusos, como sobreexplotar acuíferos, desviar ríos, destruir glaciares y secar áreas para el cultivo, como ocurre en las conflictivas regiones de La Araucanía y el Biobío con los grandes latifundios agrícolas y madereros.
O como las faraónicas plantaciones de aguacate en Petorca, zona cero de la sequía en Chile, que han dejado sin agua corriente a miles de familias que deben abastecerse con camiones cisternas, muchos de ellos ilegales.
Incluso la capital, Santiago, sufre escasez de agua, en gran parte por los proyectos de la gran minera Anglo-American en los Andes, que ha perturbado la cuenca de los ríos Maipo y Mapocho.
“Detrás de ese gran titular de ‘deficiente gestión del agua’ hay múltiples dimensiones interrelacionadas: desde una concepción del agua como recurso ilimitado a ser aprovechado o explotado como derecho humano privado, pasando por un sobreotorgamiento de los derechos de agua por tres veces más que el agua disponible”, explica Uranga.
“Cuando la nueva Constitución esté vigente, terminará el mercado del agua. Las autorizaciones que otorgue la nueva Agencia Nacional de Aguas (ANA) serán de carácter incomerciables, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas”, subraya.
REDISTRIBUCIÓN Y EFICIENCIA
La experta recalca que los actuales derechos de aprovechamiento de aguas se transformarán en “autorizaciones de uso de agua, lo que no implica propiedad. Esto tendrá un efecto económico en algunas grandes empresas que tienen los derechos de aprovechamiento de agua como activos”, admite.
“Pequeños agricultores, pueblos originarios y gestores comunitarios de agua no se verán afectados por esta redistribución”, que también deberán afrontar las empresas, agrega.
En este contexto, otro de los grandes cambios que introduce el nuevo texto constitucional es un sistema de gobernanza participativo y descentralizado, con menos instancias y articulado a través de la ANA.
“Con el agua estamos haciendo todo lo que hay que hacer. Ojalá se apruebe la nueva Constitución”, afirmó esta semana el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela.
“Hay que ir al Estado Regional, al Estado Social de Derecho y a una Constitución verde que interpele a la agricultura” desde un modelo de desarrollo más humano y equitativo, concluyó.
Fuente: La Tribuna
