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Tegucigalpa,Honduras miércoles 13 enero 2021
La pandemia por coronavirus ha venido a cambiar drásticamente la vida del ser humano, desde las actividades más cotidianas como ir a la iglesia o hacer compras en un centro comercial, hasta la forma de hacer reuniones, negocios, transacciones y cerrar compromisos.
Bajo esa premisa, la llegada del virus aceleró el uso de ciertos conceptos que antes poco o nada se utilizaban, y se consideraba una utopía ser usados de forma constante o que se volvería algo verdaderamente necesario en otros tiempos.
Tal es el caso del uso de la firma electrónica en Honduras, con la llegada del Covid-19 al país, la aplicación de este concepto para validar de forma jurídica el contenido a través de cualquier medio electrónico que sea legítimo y permitido, ha tenido un “boom” desde el pasado mes de marzo del 2020.
Las medidas de confinamiento y las restricciones a la movilidad derivadas de la pandemia, cambiaron completamente la forma de hacer trámites, transferencias, reuniones y negocios, ahora la mayoría estas actividades se desarrollan en línea; para dar fe y validez a todos estos procesos las instituciones y personas necesitan de una firma electrónica.
El Congreso Nacional aprobó la Ley Sobre Firma Electrónicas mediante el Decreto número 149-2103 emitido el 11 de diciembre del 2013.
La Ley Sobre Firmas Electrónicas y su Reglamento procuran establecer la regulación de uso y eficacia jurídica y prevé el régimen aplicable a los Prestadores de Servicios de Certificación. Igualmente de conformidad al Capítulo V, artículo número 24 de la Ley, nomina a la Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH) como autoridad acreditadora y desarrollar las actividades administrativas para el registro en el que habrán de inscribirse estos Prestadores de Servicios de Certificación, regular la expedición y pérdida de vigencia de las acreditaciones, el régimen de su inspección y auditoría, la tipificación de las infracciones y la emisión de sanciones garantizar su cumplimiento de la Ley y su Reglamento.
Posteriormente la Ley fue reformada en el artículo 27 mediante Decreto numeró 33-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 3 de abril del año 2020.
Pre-pandemia no se hablaba de firma electrónica
Hondudiario consultó al director de Propiedad Intelectual del Instituto de la Propiedad (IP), Camilo Bendeck, quien explicó que antes de la pandemia no se hablaba mucho de firma electrónica, más que todo las instituciones bancarias las utilizaban, pero no era una firma electrónica avanzada.
Del mismo modo, el abogado relató que una de las primeras instituciones en utilizar el concepto fue el Banco Central De Honduras (BCH) en el año 2016, después fue el Servicio Administrador de Rentas (SAR) en 2017.
“En ese momento solo había dos instituciones nacionales públicas que habían suscrito lo de querer ser un prestador de servicio de firma electrónica”, contó.
Sin embrago, Bendeck, recordó que se necesitaba algo que fuera privado que diera el servicio a todo aquel particular, compañías, comerciantes, abogados, entre otros, que necesitaran el uso de la firma electrónica y fue así como en 2018 se certificó a la empresa Tecnisign, siendo la primera institución privada de Honduras en ser autorizada como Prestadora de Servicios de Certificación de Firma Electrónica (PSC).
Fuente: La Tribuna
