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Congreso aprueba Ley de uso obligatorio de mascarillas y protocolos de bioseguridad

Tegucigalpa, Honduras viernes 22 mayo 2020

La pandemia mundial del COVID-19 dejará nuevas realidades sanitarias que cada país estará en la necesidad de adoptar con el fin de impulsar protocolos de prevención y bio seguridad en cada nación.

Ante esto el Congreso Nacional aprobó la Ley de Uso Obligatorio de Mascarillas y Aplicación de Protocolos de Bioseguridad la cual minimizará el riesgo de contagio y propagación del virus COVID-19 en el país.

Dicha ley busca replicar prácticas como el uso de mascarilla o cubre bocas y protocolos de bioseguridad, para todas las personas sin excepción alguna en todo el territorio nacional cuando asistan o permanezcan en lugares públicos siempre, y en privados a la que asistan más de cinco (5) personas.

La ley aprobada por el Congreso Nacional manda básicamente al uso obligatorio de mascarillas en cualquier lugar o establecimiento público o privado en el que concentren más de cinco (5) personas para cualquier actividad.

La normativa recalca y especifica los siguientes establecimientos: De educación pre básica, básica, media y de educación superior; de salud, públicos y privados; centros comerciales, hoteles, farmacias y demás establecimientos similares de libre acceso al público; puertos y aeropuertos; iglesias; cines, discotecas, bares, restaurantes, casinos de juego y actividades similares.

Además, establecimientos donde se fabriquen, procesen, depositen o manipulen productos, medicamentos o alimentos; lugares de trabajo; establecimientos deportivos destinados al público como gimnasios o estadios con excepción de los deportistas mientras dure la práctica del deporte; y los asilos de personas adultos mayores.

Quien no cumpla el uso obligatorio de mascarillas se les aplicará una multa de doscientos Lempiras (L 200.00) o la obligación de realizar trabajos comunitarios por seis horas, la primera vez, y se le dotará de una mascarilla por parte del Gobierno.

De igual forma, los establecimientos, industrias o actividades comerciales, religiosas o deportivas señaladas deberán contar con la autorización del Poder Ejecutivo a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (SINAGER) para su funcionamiento.

Fuente: La Tribuna

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