El Cohep pide diálogo con varios sectores para recobrar la estabilidad política, económica y social

Tegucigalpa, Honduras. 25.10.2019

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se pronunció ayer sobre varios temas, en donde mostraron preocupación por la situación que se vive en el país.

También dijeron estar preocupados por la desestabilización económica, política y social  por lo que llamaron a los sectores sociales y gobierno para buscar “un acuerdo de gobernabilidad democrática”.

“Queremos que funcionen las instituciones del Estado. Estamos en contra de un golpe de Estado. El país ya tiene muchas cicatrices y no podemos hablar de esta trinchera de eso”, manifestó Juan Carlos Sikaffy, presidente de la organización empresarial luego de leer un comunicado de cinco páginas.

Además, dieron a conocer que rechazan contundentemente la corrupción, la discrecionalidad, el abuso de autoridad, la falta de transparencia, los procesos complicados en las instituciones gubernamentales y la falta de interés de la clase política por resolver los verdaderos problemas del país, más interesados en privilegiar sus intereses personales o partidarios.

A continuación leerá el comunicado íntegro del Cohep:

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, preocupado por la actual situación que vive el país, ha realizado una reflexión sobre los aspectos sociales, económicos y políticos que requieren de una inmediata atención para poder encaminarnos nuevamente por la ruta de la paz, el crecimiento económico, la creación de empleos, la transparencia y la confianza en las instituciones gubernamentales.

Debemos de reconocer que entre las causas que han influido en la situación actual, se encuentran el deterioro de la institucionalidad pública y la seguridad jurídica, con el consiguiente desprestigio general de toda la clase política y la pérdida de la confianza y credibilidad en las entidades estatales.

Observamos con preocupación que, a pesar de los esfuerzos realizados para construir diálogos políticos y sociales, reformar instituciones y aumentar los presupuestos gubernamentales, los indicadores relevantes de desarrollo permanecen estancados o se deterioran.

Lamentablemente sufrimos las consecuencias de una criminalidad extendida que ha permeabilizado a personas e instituciones y que se fortalece en el deterioro de las institucional, la corrupción, la impunidad y la anarquía callejera.

Los rezagos en educación, salud, seguridad alimentaria y acceso limitado a los servicios básicos de agua, saneamiento, energía eléctrica, vivienda y financiamiento, se agravan por los altos niveles de desempleo, subempleo, protestas, inseguridad, conflictos sociales y la desesperanza de la población, en especial de los jóvenes. La combinación de todos estos problemas y la falta de oportunidades ha incrementado la migración hacía otros países, perdiendo así Honduras su talento humano.

Es por ello que, para mantener la paz social, vivir con prosperidad y seguridad ciudadana, con justicia en los tribunales, separación real de poderes y una democracia estable, necesitamos una reforma concertada de la acción política y la estructura del Estado.

El respeto a la Constitución y las leyes, el derecho a la protesta pacífica, el respeto a la libre empresa y a la propiedad privada, son temas indispensables para asegurar un ambiente adecuado para crecer económicamente, crear empleos y estimular la inversión.

El COHEP rechaza contundentemente la corrupción, la discrecionalidad, el abuso de autoridad, la falta de transparencia, los procesos complicados en las instituciones gubernamentales y la falta de interés de la clase política por resolver los verdaderos problemas del país, más interesados en privilegiar sus intereses personales o partidarios.

Estas propuestas se inspiran en el ánimo patriótico de contribuir a proponer las condiciones mínimas indispensables para lograr un “Acuerdo de Gobernabilidad y Democracia” compartido por todos los hondureños.

FORTALECIMIENTO DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO REPRESENTATIVO

Las elecciones deben ser un medio para que el pueblo escoja a los servidores públicos y no una plataforma para que los partidos coloquen a activistas en los cargos de la estructura del Estado. Es indispensable que los políticos que llegan a servir en estos puestos públicos estén sujetos a rendir cuentas a la ciudadanía que los eligió y estén allí para “servir y no para servirse del pueblo” y de la hacienda pública.

Demandamos procesos políticos que generen instituciones sólidas y estables, que faciliten las condiciones para la creación de empleos y oportunidades de progreso para todos. El desarrollo de un país depende del correcto funcionamiento de su institucionalidad, por lo que exigimos a todos los actores políticos y sociales un claro compromiso con:

1. Respeto y cumplimiento de la Constitución como ley fundamental del Estado de Derecho.
2. Fortalecimiento de la Democracia, entendida como un siste ma político sustentado en la alternancia en el poder por medio de elecciones libres, periódicas, trasparentes, confiables y observadas.
3. Fortalecimiento real de las Instituciones del Estado basadas en la independencia y equilibrio de poderes.
4. Reiteramos la exigencia de la aprobación de una Ley para la Elección de los Servidores Públicos nombrados por el Congreso Nacional y que rectoran las instituciones claves del Estado, donde no tengan injerencia los partidos políticos y fortalecerlas mediante procesos de selección en base a méritos. Entre ellas Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de la Personas.

1. Exigimos que el nombramiento que haga el Poder Ejecutivo de los funcionarios que dirijan entidades de administración, regulación y control de la actividad estatal centralizada, desconcentrada y descentralizada, debe igualmente ser realizada en base méritos. Algunas de estas instituciones son el Banco Central de Honduras, Comisión Nacional de Banca y Seguros, ENEE, HONDUTEL, ENP, ARSA, INJUPEM, IMPREMA, BANPROVI, Aduanas, SENASA entre otras.
2. Proponemos la aprobación trasparente de una ley de Servicio Civil que garantice el profesionalismo y estabilidad de los funcionarios públicos.
3. Exigimos un Poder Judicial independiente, despolitizado y estable. Los integrantes del Poder Judicial deben de ingresar por concurso público y de méritos, gozar de estabilidad laboral y un sistema de supervisión y calificación estricto y permanente.
4. Exigimos un Ministerio Público independiente, objetivo, de alto nivel profesional, y eficaz en su rol de defensa y protección de los intereses de la sociedad.
5. Exigimos unas Fuerzas Armadas apolíticas, que cumplan con el mandato estricto que les confiere la Constitución de la República, “para la defensa de la Integridad Territorial, la Soberanía, Mantener la Paz, el Imperio de la Constitución, El Libre Sufragio y la Alternabilidad en el Ejercicio de la Presidencia”.
6. Exigimos una Policía formada por profesionales que cumplan con procedimientos rigurosos en su formación, la elección de sus mandos, renovación y cuadros de remplazo.
7. Apoyamos los esfuerzos relacionados con el fortalecimiento institucional de los operadores de justicia y reconocemos la importancia de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual debe cumplir su función de fortalecimiento en el marco de la ley y basada en el respeto de los principios Constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.
8. El Poder Legislativo debe desarrollar su función bajo el cumplimiento estricto de la ley, colaborando al combate de la corrupción e impunidad por medio de la aprobación de leyes que sean herramientas eficaces para combatir este problema y derogando todas las leyes que sean contrarias a este fin. La calidad de las instituciones políticas y jurídicas es indispensable para el desarrollo sostenible del país como fundamento de la actividad productiva, inversiones, el empleo y el crecimiento inclusivo para todos. Cuando decae la fortaleza e independencia de las instituciones se deteriora la economía, aumenta la pobreza y la inseguridad.

FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, RIQUEZA, ATRACCIÓN Y PROMOCIÓN DE INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN HONDUREÑA

El desarrollo económico y social de Honduras requiere que los gobiernos hagan lo necesario para que exista estabilidad, credibilidad, confianza y seguridad jurídica. El Estado debe desarrollar un marco de políticas públicas concertadas, que impulse los emprendimientos, la sostenibilidad de las empresas y mayores oportunidades para los trabajadores y sus familias. La experiencia internacional enseña que los mejores gobiernos son aquellos que intervienen menos en la vida de las empresas y eliminan las excesivas regulaciones en el marco del bien común.

Estamos convencidos que las normas y acciones intervencionistas del Estado, con leyes y prácticas abusivas, deterioran severamente los incentivos económicos causando crecimientos estacionarios y limitados. Es por ello, que proponemos reformas que como mínimo consideren lo siguiente:

1. Reducir el tamaño del Estado y la burocracia pública.
2. Reducir el Presupuesto General de la República y orientar su ejecución hacia la solución de los problemas de la ciudadanía, tales como la Salud, la Educación y la Seguridad.
3. Reformar el marco regulatorio con la finalidad de facilitar los procesos administrativos y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios al momento de aplicar la Ley y sus reglamentos.
4. Simplificación administrativa y el establecimiento de un Gobierno Electrónico, que asegure una homologación de procesos y trámites, así como la interoperabilidad entre sistemas e instituciones de gobierno.
5. Armonización tributaria y arancelaria que promueva la competitividad frente a los demas países de la región.
6. Reducir la presión tributaria y la discrecionalidad en la aplicación de la normativa fiscal.
7. Realizar un consistente esfuerzo en reducir la deuda pública interna y externa.
8. Implementar mecanismos de trasparencia y observadores en los procesos de licitaciones públicas.
9. Promulgar una normativa simplificada de coordinación de los operadores de justicia para evitar la destrucción de proyectos de inversión, que sean afectados por paralizaciones ilegales.
10. Facilitar el acceso a crédito y asistencia técnica a las MIPYME’s para creación de empleo.

11. Consensuar y armonizar la legislación relacionada con el mercado de valores y titularización, la administración de pensiones, y de garantías recíprocas.
12. Establecer una instancia de coordinación operativa y de presupuestos entre las instituciones relacionadas con el cambio climático, seguridad alimentaria y sistemas de agua y riego. Es fundamental disponer de un mecanismo de evaluación oportuno de las medidas económicas con el propósito de minimizar el impacto negativo de potenciales crisis externas o internas. Principalmente debido a que la desaceleración de la economía y una inminente recesión internacional, aunado a la fuerte caída de la inversión extranjera directa, que nos expone a posibles cierres de empresas, pérdida de empleo y reducción de tributos, lo cual indudablemente afectará los ingresos de las familias hondureñas, con la consecuente pérdida de bienestar económico y la paz social.

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, SALUD, SEGURIDAD CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE

Observamos con preocupación la vulnerabilidad de los sectores más pobres de nuestra sociedad que se ven afectados por las limitadas condiciones de acceso a la salud, educación y desarrollo humano digno.

Es por eso que proponemos concertar reformas que hagan más fácil la vida a los más necesitados implementando soluciones pensando en la gente. Las reformas más eficaces se relacionan con las que facilitan la creación de empleo y la estabilidad social de las familias. Para ello es fundamental que el Estado centre sus esfuerzos en:

1. Aumentar la cobertura y calidad de la educación.
2. Generar una propuesta consistente de aumentar la infraestructura de la educación pública.

3. Ampliar la cobertura y extensión de la Salud pública, mediante el fortalecimiento de las relaciones entre los diversos actores de salud y la descentralización de la administración del sistema sanitario estatal.

4. En las entidades de pensiones, reestructurar las medidas o disposiciones que arriesguen el derecho de contar con un ingreso en la etapa de retiro. Los fondos de pensiones no deben de ser utilizados para objetivos segundarios como facilitar recursos para aportar capitales o financiar en forma directa y con riesgo de mercado obras públicas o privadas.
5. Evaluar y trasparentar la ejecución de los programas relacionados con el gasto social facilitando las alianzas con empresas y fundaciones para aumentar su eficacia e integralidad.
6. Aprobación de las siguientes leyes o normativas.
7. Ley de Gobernanza del IHSS.
8. Ley de Administradores de Fondos de Pensiones (AFPs).
9. Ley Marco de Vivienda.
10. Ley del Sistema de Formación Profesional.
11. Combatir la extorsión, la violencia y el narcotráfico en todos sus niveles.

La legítima actividad política requiere de un esfuerzo de análisis sereno centrado en el bien común de todos los hondureños. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada invita a todos los sectores sociales y políticos a suscribir un gran “Acuerdo de Gobernabilidad y Democracia” que nos permita reconstruir un sistema democrático estable.

¡Honduras es responsabilidad de todos!, y requiere que los sectores nos sentemos a dialogar y lograr consensos que permitan recobrar el camino hacia la estabilidad, política, económica y social.

¡DÉJENNOS TRABAJAR!

 El sector empresarial no debe de estar aislado de la situación política e institucional de
Honduras; para que haya inversiones y generación de empleo debe haber Estado de
Derecho y certidumbre. Todos somos parte de la solución y debemos buscar el bien común”.

Fuente: Elpais.hn