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Tegucigalpa, Honduras martes 11 febrero 2020
El 5 de marzo será clave para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), cuando se espera que la cúpula privada tome una decisión final, ante la tardanza en la aprobación de las reformas que implican menos aportes anuales y cambios en la gobernanza.
Ese día, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en Asamblea General, analizará varias alternativas, según la agenda que maneja el director ejecutivo del organismo, Armando Urtecho, en vista que ya transcurrió un año sin que haya cambios en Infop, dijo.
El Cohep sometió al Congreso Nacional en octubre de 2019 un proyecto de reformas a la Ley del Infop, orientadas a modificar la gobernanza y el balance de poder que hoy día recae en las manos del gobierno y los trabajadores.
Con estos cambios, los empresarios buscan quitarse de encima dos aportaciones anuales, que salen de los salarios extraordinarios del décimo tercer y décimo cuarto mes, que de acuerdo al sindicato son más de 80 millones de lempiras que dejaría de percibir la institución.
Urtecho expuso la problemática y argumentó que en base a ley solo son 12 salarios los que como afiliados deben hacer al Infop, al tiempo de ejemplificar que son sueldos extras y ahora ni los maestros están obligados a que les hagan retenciones por esos ingresos, lo que constituye una especie de jurisprudencia señalan analistas.
El Cohep viene insistiendo en que no hay nada de privatización en estas reformas, en cambio, los sindicalistas insisten en que, efectivamente, se trata de tercerizar los servicios que da el Infop, sin citar alguno de los 21 artículos que se pretenden modificar para dar pie a esta tesis.
Las reformas ya pasaron los primeros dos debates, de tres que deberán darles en el Legislativo, pero antes el Congreso Nacional ha permitido un compás de espera para escuchar las posiciones de ambos bandos.
La postura asumida por el Congreso Nacional es del agrado del Cohep, pero si las reformas siguen sin concretarse, los empresarios ya piensan en aplicar un ahogo financiero, mismo que consistiría en dejar de hacer las aportaciones por un periodo no menor a siete meses.
Para evitar violaciones a la Ley del Infop que obliga a que todas las empresas con más de 20 empleados paguen el 1 por ciento de la planilla mensual, se abriría una cuenta especial en alguno de los bancos, pero sin acceso a la dirección del Infop.
A la par, los empresarios piensan en crear un organismo paralelo que funcione de acuerdo a las necesidades de las empresas de estos tiempos cuando se requiere mano de obra calificada en áreas de las ciencias que forman la IV Revolución Industrial o la era del conocimiento.
El trasfondo de las reformas es la despolitización del Infop donde trabajan cerca de 300 personas, consideradas como “paracaidistas” o activistas políticos del partido de gobierno, porque buscan modificar la elección del director que siempre ha sido nombrado por el titular del Ejecutivo de turno.
De paso, el sector privado quiere quitarse dos aportes anuales y que los costos por capacitar a personal fuera de las esferas del Infop sea reconocido en los aportes que hacen las empresas, fondos que son deducibles del Impuesto sobre la Renta (ISR) de cada año.
En materia de salarios, la cúpula privada argumenta que alrededor del 80 por ciento de lo que ingresa al Infop anual se va en sueldos, debido a las prebendas que han alcanzado más de 700 empleados permanentes que tiene la entidad en los contratos colectivos negociados hasta el 2017.
Infop opera con más de mil cien millones de lempiras anuales, aproximadamente el 92 por ciento lo hacen cerca de 5,000 empresas, el resto proviene de un aporte minoritario que realiza el gobierno en base a la cantidad de empleados del sector público.
PROPUESTAS
El proyecto incluye reformar 14 artículos de la Ley del Infop de 1972, cuando se creó la institución bajo un gobierno militar. En el Artículo 6 propone que el Consejo Directivo esté compuesto por un presidente, un vicepresidente y siete directores, integrado a la vez, por 9 representantes, tres el Estado, Cohep y trabajadores, con un suplente cada uno.
El presidente y vicepresidente serán elegidos entre los miembros y ambos cargos serán asumidos por el mismo sector representado en el Consejo Directivo, sector gobierno, empresarial y trabajadores, siendo de forma rotativa. En caso de ausencia del presidente, será sustituido por el vicepresidente y en ausencia de este, por quien designe el Consejo Directivo.
Los representantes propietarios por parte del Estado serán: El secretario de Trabajo, Educación y de Desarrollo Económico.
A falta de estos, serán sustituidos por sus respectivos subsecretarios de Estado. Los representantes del sector empresarial, serán propuestos por el Cohep, y los de los trabajadores será un representante propietario y su respectivo suplente de las tres centrales obreras.
Los representantes de la empresa privada y de los trabajadores serán nombrados por el presidente de la República; durarán en sus cargos tres años, pudiendo ser reelectos por un período igual. Podrán ser removidos por ausencia durante tres sesiones consecutivas o por incapacidad.
Artículo 12. La dirección estará a cargo de un director ejecutivo y en ausencia, asumirá el cargo el subdirector. La selección del director y del subdirector tiene como objetivo contar con una alta administración, con adecuadas competencias para el correcto funcionamiento del Infop.
Los procesos de selección iniciaron cuatro meses antes de la finalización del período.
El Consejo formulará un reglamento para el proceso de selección de candidatos. Los procedimientos de selección deberán realizarse mediante un concurso público y los candidatos pasarán por una evaluación a manos de una consultora.
Artículo 21. Los poderes del Estado aportarán mensualmente a favor medio por ciento del monto total de sueldos y salarios permanentes.
En la reforma del Artículo 23, propone que las empresas que aporten al mes 1 por ciento, podrán deducir dicho aporte de la renta bruta, para efecto del Impuesto Sobre la Renta. Entendiendo que salarios ordinarios son los que devenga el trabajador en la jornada ordinaria de trabajo y no incluye el décimo tercer y décimo cuarto mes.
Artículo 25. El Infop podrá acreditar como parte de las contribuciones de los aportantes un porcentaje del costo de los cursos de formación profesional que aquellos realicen, siempre que dichos cursos hayan sido previamente aprobados por el Instituto y que su ejecución se haya efectuado de conformidad con las normas establecidas por este.
Para regular lo establecido en esta disposición el Consejo Directivo debe aprobar un reglamento para establecer los porcentajes cuando la formación sea realizada por los aportantes en el país extranjero.
Artículo 30. La fiscalización de las cuentas del Instituto estará a cargo de un auditor interno, quien responderá exclusivamente ante el Consejo Directivo, informará sin tardanza al Consejo Directivo y al Director Ejecutivo de los reparos que formule.
Artículo 37. Toda empresa debe inscribirse obligatoriamente en el registro de aportantes del Infop desde el momento de su inscripción en el Registro Público Mercantil.
DATOS
El 2019, 1,098 empleados, entre permanentes y por contrato absorbieron el 80.1 por ciento del presupuesto asignado a Infop, así lo muestran las cifras de la Ejecución de Gastos de ese año. En valores absolutos los sueldos y salarios sumaron 797.1 millones de lempiras, de este total, alrededor de 202 millones fueron erogaciones causadas por beneficios colaterales del Contrato Colectivo. Para formación Infop solo destinó el 15.1 por ciento, entre viáticos, materiales y tercerización sumaron más de 150 millones de lempiras. Aparece que en ese año se destinaron 6 millones para protocolo, 21 millones mantenimiento de edificios, para totalizar en más de 28 millones de lempiras. Al final, Infop operó el año pasado con 995.4 millones de lempiras.
Fuente: La Tribuna
