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Tegucigalpa, Honduras. 24.09.2019
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), advirtió ayer que los incendios forestales, las urbanizaciones y construcción de casas particulares, son la amenaza activa más crítica para el Área Protegida “La Tigra”, situación que pone en riesgo a cuatro municipios y alrededor de noventa comunidades.
En la búsqueda de una solución al conflicto ambiental relacionado con el Área Protegida “La Tigra”, el titular del CONADEH, Roberto Herrera Cáceres, dio a conocer públicamente una serie de conclusiones y recomendaciones.
Una de las advertencias hechas por el Defensor del Pueblo es que “la amenaza activa más crítica para ese parque natural, además de los incendios forestales, son las urbanizaciones y construcción de casas particulares, al afectar a los bosques de pino ubicados principalmente en la zona de amortiguamiento del parque”.
El Parque, es la primera área protegida establecida legalmente en Honduras y la más importante en la región central y es patrimonio común de la hondureñidad, en donde hay protección del bosque, áreas silvestres, flora y fauna.
Además, “La Tigra”, es una fuente de abastecimiento de agua y beneficia a los pobladores de los municipios del Distrito Central, Santa Lucía, Valle de Ángeles, Cantarranas y a alrededor de noventa comunidades.
De las conclusiones preliminares del CONADEH se desprende que, una de las partes del proyecto residencial se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento y las otras, están adyacentes a dicho parque nacional.
Añade que esa situación tiene directa influencia, actual y futura, en el medioambiente, en la salud y en la vida de las personas y comunidades que habitan en dicha zona, así como sobre las condiciones de vida de los habitantes de los municipios que sirve, y en la interconexión entre suelo, agua, flora, fauna y bosque y sus correspondientes efectos sobre el resto de la población.
En los últimos días, vecinos de las comunidades y la Comisión Pro Defensa de las Comunidades de la Tigra, han manifestado su inconformidad con la ejecución de dicho proyecto habitacional por el eventual daño ambiental, al expresar sentirse amenazados en sus derechos al medioambiente, a la vida y a la salud.
El CONADEH recordó, a todos los poderes públicos y otras autoridades del Estado, que Honduras ha reconocido el derecho humano a vivir en un medioambiente sano y se ha obligado internacionalmente a promover su protección, preservación y mejoramiento.
“Esta responsabilidad internacional contraída, por nuestro país, como Estado parte del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo obliga a cumplirla”.
Añadió que la Constitución de la República señala la obligación del Estado de conservar el medioambiente adecuado para proteger la salud de las personas, reconociendo también por ello, el derecho humano de acceso al agua y saneamiento, y la obligación estatal de garantizar “la preservación de las fuentes de agua a fin que estas no pongan en riesgo la vida y salud pública”.
El defensor del pueblo recordó a las autoridades hondureños el deber que tienen de aplicar diligentemente el principio ambiental de precaución para la protección debida del derecho humano al medioambiente sano, según el cual, el Estado debe prevenir posibles daños graves o irreversibles al medioambiente, en esta situación, aún en ausencia de certeza científica.
“El Estado debe también garantizar el derecho a la participación pública en la toma de decisiones que puedan afectar el medioambiente y, en su caso, garantizar el acceso a la justicia en relación con el cumplimiento de las anteriores obligaciones estatales”, recomendó.
Como parte de sus actuaciones, el CONADEH abrió un expediente sobre este conflicto y otorgó medidas de protección que fueron solicitadas por defensores del medioambiente.
Fuente: Latribuna.hn
