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27/02/2026
Tegucigalpa- El abogado Randy Estrada, representante de la Asociación de Fiscales, manifestó su preocupación por la situación financiera que atraviesa el Ministerio Público de Honduras, señalando retrasos en el pago de salarios y falta de claridad sobre el presupuesto para 2026.
-Solicitan la contratación de al menos 100 fiscales adicionales para agilizar los procesos y mejorar la funcionalidad MP.
-“Más de 4 mil empleados sin salario” del mes de febrero piden a Finanzas hacer el pago.
Estrada destacó en primer lugar el compromiso que los fiscales mantienen con la sociedad hondureña, asegurando que el Ministerio Público representa los más altos intereses del país en materia de persecución penal. No obstante, advirtió que actualmente la institución enfrenta serias limitaciones económicas.
“Tenemos aproximadamente 4,000 empleados a nivel nacional que, a la fecha, no han recibido su pago. Ya son siete días sin salario y aún no hay desembolso por parte de la Secretaría de Finanzas”, expresó.
El profesional del derecho subrayó que esta situación impacta directamente no solo a los trabajadores, sino también a la economía nacional, al tratarse de miles de familias afectadas. Además, recordó que, pese a los retrasos salariales, los fiscales continúan desempeñando su labor en juzgados y tribunales, realizando operativos, turnos y recepción de denuncias.
Estrada también señaló que existe incertidumbre respecto al techo presupuestario con el que contará la institución en 2026. Indicó que han solicitado la contratación de al menos 100 fiscales adicionales para agilizar los procesos y mejorar la funcionalidad del ente acusador del Estado.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer áreas clave como Medicina Forense —responsable de producir la prueba científica en el país—, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, considerando que toda la operatividad del Ministerio Público depende de un presupuesto adecuado.
El abogado explicó que en los últimos años el incremento presupuestario ha sido de aproximadamente 200 millones de lempiras anuales, cifra que apenas cubre ajustes por inflación y costo de vida, pero no permite la contratación de nuevo personal ni el fortalecimiento institucional.
“Somos la institución que ejerce la persecución penal del Estado de Honduras. Si no se fortalece el Ministerio Público, el Estado no puede garantizar una pronta y efectiva aplicación de la justicia”, advirtió.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para aprobar un mayor presupuesto que permita robustecer la institución y garantizar el cumplimiento de su rol constitucional dentro del estado de derecho
