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Un Informe Especial Penal, del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), sobre la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) reveló un entramado de irregularidades en el manejo del Fondo de Administración Solidaria (FAS), por un monto superior a 5.1 millones de lempiras, sin que hasta la fecha el Ministerio Público haya presentado requerimientos fiscales contra los responsables.
-El informe revela desvío de fondos, beneficiarios fantasmas, documentos falsificados o adulterados y uso político de recursos, pero el Ministerio Público sigue sin actuar.
Se cumplieron tres meses desde que se filtró el polémico video en el que la diputada de Libre, Isis Cuéllar, y el entonces ministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, admitían la utilización de dinero público con fines proselitistas. Coincidiendo con la fecha, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) divulgó su investigación en los que se confirma un esquema irregular de desvío de recursos del Fondo de Administración Solidaria.
Más de 5 millones de lempiras fueron desviados mediante cheques falsificados, facturas manipuladas y uso político de ayudas sociales, pero el Ministerio Público sigue sin presentar requerimientos fiscales.
De acuerdo con la investigación, se emitieron 58 cheques (39 para emprendimientos y 19 para reparaciones de vivienda), pero gran parte de esos fondos nunca llegó a los beneficiarios reales.
Estrategia sistemática
La investigación también revela que la distribución de recursos respondió a una “estrategia sistemática” para beneficiar a personas vinculadas políticamente con la diputada Cuéllar y a candidatos del partido de gobierno.
Entre los beneficiarios se encontraron personas con empleos estables en el sector público, propietarios de varios inmuebles e incluso con condiciones económicas favorables, lo que contradice la naturaleza del programa social.
En cambio, se detectaron firmas falsas, solicitudes con información incompleta, facturas incongruentes y materiales almacenados sin uso, algunos incluso en mal estado.
En detalles
El informe del TSC detalla que la Secretaría de Estado, la gerencia administrativa, el comité técnico interno y la dirección de monitoreo programático incumplieron los procedimientos de control, supervisión y liquidación de los fondos.
El organismo de control advierte que se ejecutaron prácticas discrecionales sin criterios técnicos ni legales, lo que “expone al Estado a un uso arbitrario de fondos públicos”.
El TSC identificó además múltiples irregularidades en la ejecución de proyectos: obras inconclusas, compras con sobreprecios, cotizaciones duplicadas para distintos requerimientos, materiales abandonados (como cemento petrificado) y bienes almacenados sin condiciones de conservación. Entre los casos más llamativos figura equipo de sublimación adquirido con fondos públicos y nunca utilizado.
Y uno de los hallazgos más graves señala que los cheques eran cobrados por beneficiarios que luego entregaban el efectivo la asistente de la diputada Isis Carolina Cuéllar, quien los esperaba afuera de las agencias de Banadesa.
Además, se documentó el uso político de recursos: insumos como cemento y láminas de zinc fueron desviados hacia colectivos partidarios.
En sus conclusiones, la investigación establece indicios claros de responsabilidad penal, administrativa y civil por el uso indebido de fondos públicos, además de la falta de transparencia y control en la entrega y liquidación de ayudas.
La recomendación fue contundente: remitir el informe al Ministerio Público para que investigue y actúe conforme a ley. Sin embargo, hasta ahora, la Fiscalía le restó contundencia al informe del TSC, lo que ha generado críticas por su aparente selectividad en la persecución penal.
Estamos ante un caso evidente de corrupción con pruebas documentadas, testimonios y rastros financieros, pero el Ministerio Público sigue sin mover un dedo, cuestionó el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, al tiempo que recriminó que el fiscal general, es un fiscal al servicio del partido en el poder.
Por su parte, el padre jesuita Ismael Moreno, instó este miércoles en sus redes sociales a que se investigue a fondo la actividad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras el informe revelado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC); al tiempo que remarcó que se deben de rendir cuentas a la sociedad y enjuicien a los funcionarios implicados.
Al trascender públicamente el informe, el fiscal general, Johel Zelaya, reaccionó desestimando su contenido al calificarlo de “superfluo”, lo que ha generado críticas en sectores de la sociedad civil que reclaman una investigación penal más exhaustiva sobre el caso.
Mientras tanto, los recursos destinados a las familias más necesitadas del país se desvían en redes clientelares y prácticas que profundizan la desconfianza ciudadana en las instituciones y en los políticos que incluso se postulan nuevamente a una diputación en el Congreso Nacional como el caso de la principal señalada en el caso la diputada Cuellar.
