
03.12.2024
Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – El clima de libertad de expresión sigue elevando su tono de hostilidad en este país centroamericano en una escalada de intolerancia a la crítica, donde se registran más de 199 agresiones en contra de 64 medios de comunicación en los últimos 18 meses, mientras desde el oficialismo los calificativos hacia quienes cuestionan el actuar del gobierno van desde “pencos”, “imbéciles”, “vándalos”, “perros de garra”, hasta “cipayos”, entre otros.
Las agresiones hacia los medios de comunicación están a todo nivel: medios corporativos tradicionales, medios digitales, medios comunitarios; medios religiosos, medios de cobertura regional, caricaturistas, líderes de opinión y periodistas que cuestionan o escriben advirtiendo los desaciertos del gobierno.
El uso de calificativos contra la prensa como “mentirosos” o “escoria”, un término asociado con la crítica de los medios percibidos como “de oposición” fueron muy comunes en 2024, señala el más reciente informe de libertad de expresión emitido por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
El Informe que analizó ocho categorías desde violencia, ataques legales, censura, coacción a la protesta social, restricción al acceso a la información, entre otros aspectos, destaca que las alertas sobre violencia y restricción al acceso a la información fueron las más destacadas en el 2023 y lo que va de 2024. Dentro de estas alertas, advierten sobre las crecientes amenazas e intimidaciones sobre las mujeres periodistas en redes sociales.
Los departamentos que generaron más número de alertas fueron Francisco Morazán, Choluteca, Colón, Cortés, Yoro. En esas zonas los principales agresores hacia la prensa y medios de comunicación recae en los funcionarios públicos, gente desconocida, funcionarios municipales, policías, militares, sector privado ligado a la industria extractiva, entre otros.

Principales agresores a la libertad de expresión
Entre los funcionarios identificados como los mayores agresores de la libertad de expresión en 2023 se encuentran empleados, directores y funcionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), el Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras (CONATEL), Casa Presidencial, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), municipalidad de Roatán, municipalidad de Danlí, la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER), el Hospital Mario Catarino Rivas, la Secretaría de Seguridad, y el Sistema de Administración de Rentas (SAR).
También el secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), la aduana El Guasaule, la alcaldía de San Pedro Sula, el Instituto de la Propiedad, la Dirección de Protección al Consumidor adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, la municipalidad de Tocoa, la embajada de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Policía Municipal de Cortés, la municipalidad de Curarén, la Dirección de Niñez y Familia (DINAF), ahora SENAF, la Secretaría de Planificación Estratégica; la Secretaría de Seguridad, la municipalidad de Santa Rosa de Copán, la Secretaría de Prensa y las Fuerzas Armadas.
La violencia utilizada para las agresiones contra los periodistas por estos actores del sector público va desde amenazas, intimidación, estigmatización, agresión física selectiva, asesinato, atentado, insultos y descalificaciones, detención arbitraria, hostigamiento, otras agresiones violentas, criminalización hasta robo de equipo periodístico.
El informe del Comité por la Libre Expresión coincide con los datos proporcionados por el primer informe de la democracia del Observatorio de la Democracia de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD) que identifica entre los principales agresores al espacio cívico y a la libertad de expresión a los funcionarios públicos.
El Observatorio para la Democracia señala que al menos 15 altos funcionarios del actual gobierno, encabezados por la Secretaría de Planificación Estratégica, y Comunicación, el Canciller de la República y uno de los vicecancilleres, así como diplomáticos hondureños, diputados oficialistas, activistas políticos, asesores, y otros, encabezan las estrategias de descrédito, descalificación, violencia de género y violencia verbal en contra de los periodistas, medios de comunicación y actores claves que conforman el espacio cívico.

Las “Cuentas alternativas al poder”; quién las paga
El Observatorio en su reporte va más allá al identificar lo que denominó “Cuentas alternativas al poder” como “minota”, “El Búnker 504”, “No te lo dicen”, “HN El Dardo”, que en los meses que va de 2024 han recibido pauta publicitaria por más de 821 mil lempiras en redes sociales como en Facebook e Instagram. ¿Quién financia estas cuentas?, se pregunta el Observatorio de la Democracia de la RDD.
Fuente proceso digital
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