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01.12.24
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO), llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en Valle de Ángeles, vinculada a un exgerente financiero del Congreso Nacional durante el período 2018-2022.
Esta acción se deriva de la orden emitida por el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez, para el decomiso de documentos y evidencias relacionados con el caso conocido como la «Red de Diputados
Según el comunicado emitido por el Ministerio Público, las diligencias judiciales han revelado indicios sobre la pérdida, destrucción, sustracción y ocultación de documentos que podrían ser clave en esta investigación de corrupción en el Congreso Nacional.
Durante el allanamiento, se decomisaron documentos y equipos tecnológicos, además de identificarse posibles indicios de la quema de material relacionado con el caso.
Todo el material asegurado será sometido a revisión y análisis para avanzar en la investigación.
Fiscal General ordena secuestro de documentos en el CN
El pasado jueves, el fiscal Johel Zelaya destacó que el Ministerio Público está cumpliendo con sus atribuciones constitucionales y legales en la lucha contra la corrupción en Honduras, por eso ordenó el secuestro de documentos en el Congreso Nacional vinculados a presuntos actos de corrupción
«Pueblo hondureño, en ejercicio de las atribuciones conferidas al @MP_Honduras por el artículo 232 de la Constitución de la República y los artículos 207, 209 y 210 del CPP, he ordenado ingresar a las instalaciones del Congreso Nacional para el secuestro de documentación relevante vinculada a casos de corrupción gestados en ese poder del Estado», manifestó Zelaya.
El Fiscal General enfatizó que «la inmunidad no es impunidad» y advirtió que los privilegios legislativos ya no servirán para encubrir crímenes. También reafirmó que el Ministerio Público seguirá actuando contra la corrupción en cualquier poder del Estado.
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Allanamiento en el Congreso Nacional
En este contexto, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresaron al Hemiciclo Legislativo el pasado jueves al mediodía para secuestrar documentación relacionada con presuntos manejos irregulares de fondos por parte de al menos 34 diputados de diferentes partidos políticos.
Caso «Red de diputados»
Según las investigaciones, los exdiputados involucrados en el caso habrían creado Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para desviar, presuntamente, millones de lempiras entre 2013 y 2017.
Las diligencias indican que los acusados se apropiaron de fondos públicos a través de los llamados Fondos Departamentales, destinados a proyectos sociales del Congreso Nacional.
De acuerdo con la denuncia, los exdiputados solicitaban recursos económicos al Poder Ejecutivo con el supuesto propósito de financiar proyectos, pero estos fondos eran, en realidad, dirigidos hacia sus propios intereses.
La acusación señala que los imputados solo habrían ejecutado el 5% de estos fondos, mientras que el resto se destinó a gastos personales y a campañas políticas.
Fuente: tunota.
