Baja ejecución presupuestaria refleja falta de planificación adecuada, según especialista de ASJ

21.10.24

Tegucigalpa- Persisten en el país los bajos niveles de ejecución presupuestaria en Honduras, incluso a niveles menores a los del año pasado expuso la directora de gobernanza económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lilliam Rivera.

La especialista dio a conocer su preocupación destacando que la situación es aún más alarmante que el año pasado. «Los niveles actuales de ejecución son preocupantes, incluso al compararlos con el 35% ejecutado en 2023. Este año, la ejecución ha sido inferior a la misma fecha del año pasado», afirmó.

Rivera señaló que el impacto de la falta de ejecución en las inversiones públicas se siente directamente en la población, ya que los bienes y servicios planificados no llegan o lo hacen de forma tardía. «Cuando la inversión pública no se ejecuta al mismo ritmo que el gasto corriente, la población deja de percibir los beneficios de los proyectos que se planifican», explicó.

La experta mostró especial inquietud al analizar la inversión pública en términos globales, indicando que solo el 2% del presupuesto total se destina a inversión productiva, mientras que el resto se va en sueldos, servicio de deudas y transferencias obligatorias. «Es muy poco lo que se está destinando para inversión pública y, además, no se está ejecutando con eficiencia», enfatizó.

Rivera citó ejemplos específicos para ilustrar la gravedad del problema: «Por ejemplo, la Secretaría de Salud tiene una ejecución de inversión pública del 31% al cierre de septiembre, la ENEE registra solo un 10% en proyectos de transmisión con un presupuesto de casi 4,000 millones, la Red Solidaria ejecuta un 13% en programas de transferencia monetaria condicionada, la Secretaría de Educación un 25%, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería un 24%».

La baja ejecución en proyectos productivos refleja, según Rivera, una preocupante falta de planificación y eficiencia en el uso de los recursos públicos, lo que se traduce en una disminución de la calidad de vida de los hondureños y en la ralentización del desarrollo del país.

Fuente: Proceso Digital