Interpretación de Ley de Energía es para curarse en salud, según especialista

10.10.2024

Tegucigalpa- Luego que el Congreso Nacional de Honduras (CN), aprobó un polémico artículo que busca interpretar el artículo 15 de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano, el especialista de ASJ, Kevin Rodríguez, opinó que con ello dan la razón de que no cumplieron los plazos y ahora buscan curarse en salud por responsabilidad administrativa.

Esta interpretación se centra en los plazos para el inicio del periodo de renegociación de contratos energéticos, y ha generado fuertes críticas por parte de expertos y sectores de la sociedad civil.

Kevin Rodríguez, especialista en temas de energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que la reciente acción del Congreso confirma las denuncias que la organización ha venido haciendo desde abril y junio de este año.

Según Rodríguez, la interpretación aprobada evidencia que la renegociación de contratos incumplió los plazos establecidos por la Ley de Energía aprobada en 2022, la cual otorgaba un periodo de dos meses para llevar a cabo dichas renegociaciones. «Terminaron enviando los contratos dos años después, en mayo de 2024, lo que demuestra claramente que incumplieron la ley», afirmó.

Rodríguez también subrayó que, con esta interpretación de la ley, el Congreso busca evadir responsabilidades administrativas. «Lo que quieren hacer es básicamente hacer caso omiso a los plazos incumplidos, y esto es preocupante porque cuando la ley establece un mandato, su incumplimiento debería conllevar consecuencias», agregó.

Otro de los puntos que ha generado controversia es la falta de quórum durante la aprobación del artículo, ya que no se contaba con la participación de los 128 diputados necesarios. «Esto debe indignar a la población, que con mucho esfuerzo paga el recibo de energía mes a mes, sin ver una disminución en las tarifas», expresó Rodríguez, señalando que las decisiones que se toman en el Congreso sin el debido debate solo perpetúan la existencia de contratos desfavorables que encarecen el costo de la energía.

Fuente: Proceso Digital