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13.09.2024
Tegucigalpa – El Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) de Honduras exigió este viernes al Estado un «compromiso real» para prevenir desalojos y la criminalización de comunidades, así como adherirse al Acuerdo de Escazú para lograr justicia ambiental, durante el lanzamiento del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial.
«El panorama de desalojos, criminalización de comunidades y la falta de avance en las reformas agrarias subraya la necesidad urgente de un compromiso real por parte del Estado de Honduras para impulsar políticas públicas que resuelvan los problemas estructurales del sector agrario», enfatiza un estudio del Cespad presentado este viernes en Tegucigalpa.
El informe titulado «Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral», subraya la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la protección de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y avanzar hacia una reforma agraria «justa y equitativa».
«Sin una acción decidida, los conflictos socio territoriales en Honduras seguirán profundizando y perpetuando la desigualdad y la violencia en el campo», advierte el documento del Cespad.
Fuente: proceso digital
