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Tegucigalpa. 12.05.2023
La mitad del total de las empresas exoneradas continuarán gozando de sus privilegios fiscales por más de una década, en base al principio de respeto a los derechos adquiridos de la reforma tributaria, descartándose el despido masivo de trabajadores, según autoridades estatales.
El resto de empresas irán perdiendo esos incentivos de forma paulatina en menos años, pero podrán adherirse a dos nuevos regímenes que se crean con la “Ley de Justicia Tributaria” y sujetas a metas de creación de empleos, exportaciones y generación de divisas.
Una de las preocupaciones es que de aprobarse la “Ley de Justicia Tributaria”, se vengan despidos masivos e incrementos generalizados de precios de bienes de consumo masivo.
Tales extremos, fueron descartados hoy jueves por el director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, por ejemplo, dijo que en el régimen de Zonas Libres (Zoli), “no hay ninguna que se le venza (la exoneración), mínimo en 12 años”.
Los vencimientos más próximos son el 2035 y 2038, pormenorizó. En base a estas estadísticas, “es que nosotros decimos que (la cúpula privada) no tiene ningún fundamento para decir que se van a perder 200 mil empleos. Es una manipulación y amenaza para los empleados”, refutó.
El entrevistado explicó que “hay 1,700 empresas exoneradas, de estas 679 están en los regímenes cuyos beneficios fiscales se derogan; de esas 679, a la mitad se les vencen los beneficios dentro de diez años”.
Reconoció que algunas empresas se les vencen los incentivos dentro de un año, pero tienen más de cuatro décadas de venir disfrutando de privilegios fiscales. “A la mitad se les vencen los beneficios dentro de diez años o más. Hay empresas que han gozado entre 30 a 40 años estos beneficios”, apostilló.
De tal manera, que al aprobarse la “Ley de Justicia Tributaria”, empezarán a tributar después de hasta 50 años de operar bajo el paraguas de los privilegios fiscales, expuso Ochoa. Esta reforma elimina 14 regímenes de excepción dispersos en centenares de leyes y decretos, pero crea dos esquemas de incentivos.
El sector privado rechaza este proyecto y propone reformas a las leyes del Impuesto Sobre la Renta, Sobre Ventas y la introducción de un “Monotributo” a la economía sumergida, para ampliar la base de contribuyentes. En ese sentido, el director del SAR descarta que se tomen en cuenta estas observaciones ya que “en ningún lugar del mundo el obligado tributario hace la ley”.(JB)
DATOS
Esta reforma tributaria impacta solo a 679 grandes empresas, de un total de 300 mil entre Mipymes y de la economía sumergida, donde se encuentra el 74 por ciento del empleo, sostienen representantes de los emprendedores.
Fuente: latribuna.hn
