Tegucigalpa,Honduras jueves 16 febrero 2023
La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó una pena de ocho años ochos meses de reclusión y una multa de más de 118 millones de lempiras (L. 118,188,000.00) en contra de Marco Antonio Bográn Corrales, por fraude en la compra de alrededor de 470 mil mascarillas durante la pandemia por COVID-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).
También se pidió la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la condena de Bográn Corrales, mientas que en el caso del coimputado Alex Alberto Moraes Girón, exadministrador de INVEST-H, a quien únicamente se le condenó por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, se solicitó la inhabilitación especial por siete años seis meses, no obstante, el Ministerio Público prepara un recurso de casación en contra de la sentencia absolutoria por el delito de fraude con la que se le favoreció a éste.
En este expediente, otro extremo que se impugnará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la sentencia absolutoria a favor del exdirector de INVEST-H por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Cabe mencionar que, contra ambos exfuncionarios ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles.
Los otros cinco involucrados prófugos de la justicia por el fraude de las mascarillas son: el contador general de INVEST-H, Carlos Luis Guevara Mondragón, la especialista administrativo y financiero, Bessy Roxana Rodríguez Mendoza, las representantes legales de Germar Ferretería, Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De acuerdo a la investigación de la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
La audiencia de lectura de sentencia será el próximo jueves 23 de febrero.
Fuente: El Heraldo