Combate a la extorsión requiere fortalecer institucionalidad, protección a víctimas y trabajo intersectorial

Tegucigalpa,Honduras miércoles 30   noviembre   2022

La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organizó el webinar “Impuesto de Guerra: El fenómeno de la extorsión y la respuesta estatal en Honduras”, en el cual expertos internacionales en la lucha contra el crimen organizado dieron a conocer buenas prácticas y lecciones aprendidas en Centroamérica.

En el conversatorio virtual participaron por ASJ: Carlos Hernández, director ejecutivo; Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia, y Andreas Daaugard, coordinador de Investigaciones.

Como invitados internacionales disertaron: Ana Guzmán, ex Primera Subsecretaria y exfiscal del Ministerio Público de Guatemala; Jorge Mantilla, director de Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia, y Guillermo Vázquez del Mercado Almada, analista Senior de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, de México.

Durante la jornada, los panelistas coincidieron en que es urgente fortalecer la institucionalidad, proteger a las víctimas, que la respuesta estatal garantice los derechos humanos de los más vulnerables y trabajar de la mano con todos los actores involucrados como: empresarios, sociedad civil, ciudadanía, academia e instituciones estatales.
La extorsión “tiene un impacto en casi un millón de personas en Honduras y afecta a más de 200 mil familias y tiene un impacto económico de un poco más de 18 mil millones de lempiras al año, además de provocar desplazamiento forzado dentro y fuera del país, por lo que requiere una respuesta efectiva del Estado. Los hondureños hemos apoyado los esfuerzos y se valora la respuesta del actual gobierno de la República y otros sectores, luego del informe presentado por la ASJ; pero no es un fenómeno propio de Honduras, necesitamos aprender de los que han enfrentado este problema”, expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de ASJ.

El fenómeno de la extorsión comenzó en 2008 en Guatemala, donde la respuesta del Estado fue implementar normativas legales como la Ley de protección a los sujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal, Ley de control de comunicaciones en centros de detención, Ley de extinción de dominio y Ley contra el lavado de dinero. En adición, la estrategia de combate al flagelo incorporó el fortalecimiento de la investigación y la metodología del modelo integral de casos, mediante la confirmación de equipos multidisciplinarios y lo más importante, la coordinación interinstitucional en tiempo real, indicó Ana Guzmán, exfiscal de Guatemala.

De acuerdo a la experta, la respuesta efectiva ante la extorsión en el país vecino incluye buenas prácticas como la coordinación de las instituciones de sector seguridad y justicia para dar una respuesta inmediata al fenómeno criminal y para poder desarticular las estructuras del crimen organizado.

Agregó que también se ha fomentado la cultura de denuncia, implementando una línea telefónica para que la ciudadanía tenga acceso a la justicia y la denuncia sea anónima.

 

Mientras que Guillermo Vázquez, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, manifestó que “hay un rompimiento del tejido social en toda la región y que está sentado en al menos cuatro tipos de violencia: la psicológica (llamadas telefónicas), la patrimonial (hacen daño a negocios, viviendas etc.), la física y la letal (muerte)”.

Al igual que los demás panelistas, Mantilla recalcó que se necesita más capacidad institucional y no una respuesta disuasiva, pues las guerras contra cualquier tipo de criminalidad solo han generado más violencia. “Cuando se declara la guerra del gobierno contra el crimen el efecto es el opuesto” y “es necesario, desde los gobiernos, trabajar mucho con la sociedad civil y con todos los actores involucrados”, apuntó.

La ASJ valora y apoya el esfuerzo de las autoridades para enfrentar el fenómeno de la extorsión y hace un llamado a trabajar en conjunto con todos los actores involucrados. Desde la sociedad civil se mantiene monitoreo permanente de estas acciones, para que se ejecuten en el marco de la ley, garantizando el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales de la ciudadanía durante las medidas de excepción.

Fuente: La Tribuna