Congreso Nacional otorga independencia a la Uferco para ejercer la acción penal pública

Tegucigalpa,Honduras viernes 27  mayo  2022

El Congreso Nacional de Honduras aprobó en las últimas horas un decreto que le confiere estatus especial a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco).

La finalidad de lo aprobado es dar capacidad administrativa, técnica y funcional a la Uferco, otorgándole un estatus especial que logre avances significativos en la desarticulación de las estructuras y redes de corrupción en Honduras.

El decreto autoriza a la Uferco ejercer la acción penal pública de oficio en los casos de corrupción de alto impacto, sin que deba someter su decisión a la aprobación previa del Fiscal General de la República, ni de ninguna otra autoridad dentro del Ministerio Público.

Además, el personal asignado a la Uferco gozará de inamovilidad de sus cargos y no podrán ser objeto de sanciones disciplinarias como consecuencia de las investigaciones realizadas y por el ejercicio de la acción pública penal de oficio, según el dictamen.

Durante la sesión en donde se aprobó la independencia de la Uferco, los diputados del Partido Nacional se opusieron a la aprobación del decreto y procedieron a retirarse del hemiciclo.

Los parlamentarios del Partido Nacional se opusieron al calificarlo de “inconstitucional” y por eso se retiraron del hemiciclo.

 

Para la juez de Sentencia, Karla de Romero, quien tomó promesa de juramento a la presidenta Xiomara Castro, también es “inconstitucional” haberle otorgado independencia a la Uferco para ejercer la acción penal pública.

“Debemos seguir el estado de derecho y respetar la norma constitucional y el principio de independencia que tiene el Ministerio Público”, dijo la juez en Radio América.

“Tenemos que ser objetivos y no utilizar el derecho para lo que nos convenga en relaciones personales, particulares y sobre todo sesgadas políticamente hablando”, ahondó.

La profesional del derecho resumió que lo acontecido no sólo es un “retroceso” en la aplicación de justicia sino también una “clara violación” al estado democrático de derecho.

Fuente: La Tribuna