Relatora de la ONU expresa preocupación por el marco jurídico que regula procedimientos de juicio político y destitución en Honduras

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, en carta enviada al Gobierno de Honduras, expresa su preocupación por el marco jurídico que regula los procedimientos de juicio político y destitución, especialmente cuando se aplican a jueces y juezas, fiscales y otras autoridades cuyas funciones requieren independencia frente a los poderes políticos. Los motivos de destitución amplios y poco definidos, junto con garantías procesales insuficientes, pueden socavar la independencia judicial y la estabilidad en el cargo.

«Me preocupa especialmente la concentración de facultades en el Congreso Nacional para investigar, enjuiciar y resolver sobre los procedimientos de destitución, así como la presunta ausencia de una revisión judicial efectiva. Estos procedimientos deben regirse por criterios jurídicos claros, objetivos y previsibles, garantizar el debido proceso y la imparcialidad, y prever una revisión independiente y efectiva cuando así lo exija el derecho internacional», manifestó la relatora del organismo internacional.

Además, señaló que «la independencia judicial exige que los jueces y juezas no puedan ser destituidos ni sometidos a responsabilidad por decisiones judiciales adoptadas de buena fe. Los mecanismos de rendición de cuentas no deben convertirse en instrumentos de presión política o represalias contra jueces y juezas, fiscales u otros actores de la justicia. A la luz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras, insto a las autoridades a garantizar que el marco jurídico cumpla plenamente con las normas internacionales de derechos humanos y establezca salvaguardias efectivas contra la injerencia política indebida».

 

 

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