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El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), enfatizó sobre la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial comienza a plantear una preocupación que el CNA no puede ignorar: la posible consolidación de un patrón de persecución penal que avanza contra determinados sectores políticos mientras casos de corrupción que involucran a figuras de otros partidos continúan marcados por demoras y la ausencia de decisiones concluyentes.
¿Estamos ante una persecución penal que se ejerce con el mismo rigor frente a todos los sectores políticos, o estamos viendo una justicia que avanza a distintas velocidades según quién esté bajo investigación? El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha denunciado de manera consistente los abusos de poder y los excesos que debilitan la institucionalidad democrática?, es una de las interrogantes planteada por el organismo de sociedad civil.
Por esa misma razón, el CNA señala que el requerimiento fiscal presentado contra el exdiputado Luis Redondo y otros integrantes de la Comisión Permanente constituye una decisión relevante en la determinación de posibles responsabilidades que el CNA cuestionó y denunció oportunamente en el contexto electoral.
Apunta que «la investigación de estos hechos representa un paso necesario para que las actuaciones de quienes ejercieron funciones públicas sean sometidas al escrutinio de la justicia, con pleno respeto al debido proceso. Sin embargo, reconocer la importancia de una acción fiscal no significa otorgar un respaldo incondicional al ente acusador ni renunciar a auditar su desempeño».
En ese sentido, la actuación del Ministerio Público y del Poder Judicial comienza a plantear una preocupación que el CNA no puede ignorar: «la posible consolidación de un patrón de persecución penal que avanza contra determinados sectores políticos mientras casos de corrupción que involucran a figuras de otros partidos continúan marcados por demoras y la ausencia de decisiones concluyentes».
«Mientras se impulsa la persecución penal contra exintegrantes de la Comisión Permanente, persisten interrogantes sobre el sobreseimiento definitivo del expresidente Juan Orlando Hernández en el caso Pandora II; la prolongada mora judicial en el proceso del señor Marco Bográn; la revocación del auto de formal procesamiento del exdirector David Chávez; y la posible reaparición de figuras vinculadas con actos de corrupción, como Ebal Díaz y Ricardo Cardona, cuyo eventual retorno podría incidir en el curso de las denuncias vigentes», refiere el pronunciamiento.
El escrito añade que «todos estos casos, considerados en conjunto, plantean una inquietud legítima sobre la consistencia de la respuesta institucional frente a casos de alto impacto. Cuando la justicia avanza en unos expedientes y se retrasa, pierde impulso o no ofrece respuestas suficientes en otros, el país tiene derecho a cuestionar si prevalece la selectividad en el tratamiento de las investigaciones. En este contexto, preocupa también la vigencia del Decreto 117-2019 —inmunidad parlamentaria—, que incorporó el artículo 10-A a la Ley Orgánica del Poder Legislativo».
Además, sugiere que el alcance frente a los hechos atribuidos a los integrantes de la Comisión Permanente debe evaluarse cuidadosamente, ya que ninguna prerrogativa parlamentaria debe convertirse en una vía de escape ante posibles responsabilidades penales ni en un mecanismo que impida investigar atribuciones que excedan el ejercicio legítimo de la función legislativa.
El CNA cuestionó la parcialidad del fiscal anterior y no guardará silencio frente a nuevas señales que podrían conducir a una situación similar. La coherencia institucional no depende de quién ocupe el cargo ni del partido al que pertenezcan las personas investigadas, sino de mantener los mismos estándares frente a todos, aunque hacerlo resulte incómodo para quienes ejercen el poder.
«La lucha contra la corrupción y la aplicación de la justicia no puede tener una dirección partidaria», puntualizó el CNA en el escrito.
