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El Congreso Nacional este miércoles aprobó reformas a las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026 que amplían facultades para contrataciones directas, crear nuevos mecanismos de ejecución presupuestaria y autorizan asignaciones de recursos para transporte, electrificación, tecnología y funcionamiento institucional.
La iniciativa, presentada por el diputado Miguel Edgardo Motiño Castellanos, fue dictaminada favorablemente por una comisión especial.
Cambios más relevantes
Telecomunicaciones: Se mantiene el aporte obligatorio del 1 % de los ingresos brutos de los operadores de telecomunicaciones, pero se amplía el destino de esos fondos para financiar proyectos de transformación digital, conectividad en escuelas públicas, aulas digitales y otros programas priorizados por la Presidencia de la República.
Se autoriza la contratación directa para implementar el Sistema Tecnológico Integral de Gestión Legislativa y para organizar el Congreso Nacional Infantil 2026.
Se amplían las facultades de contratación directa para las secretarías de Salud y Seguridad, así como para la Industria Militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, con el fin de adquirir insumos, maquinaria, equipo y servicios considerados estratégicos.
Se autoriza una asignación de hasta 1,300 millones de lempiras para subsidiar la tarifa del transporte urbano durante 2026 y cubrir pagos pendientes correspondientes a noviembre y diciembre de 2025.
Se ordena reorganizar la distribución territorial de docentes y médicos mediante la integración de los sistemas SIREP y SIAFI, con informes semestrales y restricciones para crear nuevas plazas sin estudios técnicos que justifiquen la necesidad.
Universidad de Agricultura de Catacamas: Se autorizan 13 millones de lempiras para financiar el funcionamiento de su Comisión de Gestión.
Se incorpora el artículo 27-A, que permite a Finanzas transferir recursos a la institución 804 para atender necesidades urgentes, y el artículo 103-A, que faculta al Fondo Social de Desarrollo Eléctrico (FOSODE) a ejecutar proyectos de electrificación social mediante procedimientos de compra menor de hasta 10 millones de lempiras, con supervisión del Tribunal Superior de Cuentas.
