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En un sombrío balance con motivo del Día Mundial de la Tierra este 22 de abril, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) reporta que 70 hondureños «ofrendaron su vida» protegiendo la tierra, el medio ambiente y el territorio entre 2020 y marzo de 2026. Más del 90% de estos asesinatos permanece en total impunidad, dejando un panorama alarmante de vulnerabilidad para los activistas ambientales.
Daniel Cáceres, director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh, exigió al Estado hondureño una investigación profunda de estos crímenes, aplicando estándares internacionales de debido proceso y diligencia. «El Estado tiene 100% de responsabilidad: debe garantizar seguridad absoluta para que los defensores trabajen sin temor», afirmó durante la conmemoración.
Honduras se posiciona como uno de los países más letales de las Américas para quienes abogan por la naturaleza y los recursos territoriales. Cáceres lo describió como «casi una sentencia de muerte», respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que califica esta labor como de alto riesgo extremo en el país.
La persistente impunidad —superior al 90%— revela una tolerancia estatal que agrava la crisis, exponiendo a más defensores a amenazas letales. Esta falta de justicia no solo perpetúa el ciclo de violencia, sino que desincentiva la protección ambiental en un momento crítico donde Honduras enfrenta deforestación, minería ilegal y disputas por tierras indígenas.
Aun así, Cáceres llamó a los activistas a perseverar en su lucha y les abrió las puertas del Conadeh para denuncias formales. El Estado debe implementar medidas concretas: protección física, protocolos rápidos de investigación y sanciones ejemplares. Solo así se honrará a las 70 víctimas y se evitará que la defensa del planeta siga cobrando facturas humanas en Honduras, un territorio rico pero asediado donde cada árbol y cada río necesita guardianes vivos.
