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La secretaria de planificación estratégica contrato ciudadanos cubanos y venezolanos mediante convenio con terceros en la administración de Xiomara Castro 2022-2026.
El mecanismo evitó incluirlos en planillas institucionales, ya que los pagos se canalizaban a través de organizaciones externas encargadas de transferir salarios. Un miembro de la Planificación Liquidadora de Finanzas explicó que la institución no manejaba registros directos del personal contratado bajo este esquema.
También afirmó que existen cláusulas que impiden conocer cuántos trabajadores participaron y cuáles eran sus ingresos mensuales dentro del convenio.
Las autoridades reconocieron dificultades para entregar información al Tribunal Superior de Cuentas debido a la falta de documentación oficial disponible. Una unidad de extranjeros habría influido en contenidos de medios estatales, operando como estructura de respuesta política frente a la oposición.
Este señalamiento incrementa las preocupaciones sobre el uso de recursos públicos y la transparencia en la gestión dentro de la institución estatal.
El caso abre cuestionamientos sobre controles internos y posibles vacíos legales en la contratación mediante convenios con entidades externas internacionales.
