Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió que los asesinatos de personas defensoras del ambiente en Honduras no son hechos aislados, sino el resultado de un abandono que se repite y que convierte la defensa del territorio y los recursos naturales en un riesgo constante y estructural que ha dejado más de un centenar de víctimas en los últimos 11 años.
«Qué está fallando en Honduras para que la defensa de los bosques, los ríos y la naturaleza se conviertan en una “sentencia de muerte”, se preguntó la asesora en derechos humanos del CONADEH, Abigail Canales.
Explicó que, en Honduras, el marco normativo existe, pero no protege, el país ha ratificado múltiples tratados internacionales, además, tiene un andamiaje normativo nacional de protección que reconoce los recursos naturales como un bien jurídico de todas las personas y un sistema nacional creado para proteger pero sin embargo, no hay una protección efectiva.
Agregó que la respuesta estatal sigue siendo «tardía», insuficiente y los conflictos siguen creciendo cada día, por lo que se concluye que el problema no es la ausencia de normas sino la incapacidad de operar en la realidad.
Falta un marco que regule la consulta previa, libre e informada
Canales indicó que hay un vacío normativo que está generando grave conflictividad en los territorios y es que no existe, en Honduras, un marco que regule el proceso de consulta previa, libre e informada ante proyectos de impacto ambiental y que las autoridades no saben cómo efectuarlas.
Mencionó, como ejemplo, que la Ley General de Minería establece en su artículo 67 la obligación de consultar a la ciudadanía previo a una concesión minera y lo remitan a la Ley de Municipalidades para que, a través de las corporaciones municipales, se efectúen los cabildos abiertos.
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