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05.03.2026
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) señaló que el juicio político contra funcionarios señalados por obstaculizar procesos democráticos debe realizarse sin impunidad, pero respetando estrictamente el debido proceso y las garantías constitucionales.
El director de Transparencia de la organización, Juan Carlos Aguilar, indicó que aunque existen indicios en varios casos recientes, la presentación de juicios políticos no debe convertirse en una “carrera”, sino en un procedimiento sustentado en expedientes sólidos, debidamente documentados y con suficiente material probatorio.
Aguilar explicó que las acciones pueden impulsarse mediante denuncias formales o mociones presentadas por diputados ante el Congreso Nacional de Honduras, pero insistió en que todo proceso debe apegarse a la ley vigente.
“Estamos a favor de que ningún hecho quede sin castigo, especialmente cuando se intentó socavar el proceso electoral y la institucionalidad democrática. Pero si se va a aplicar la ley de juicio político vigente desde 2013, que se haga bien, sin dudas y conforme a derecho”, expresó.
El representante de ASJ advirtió que una eventual remoción de funcionarios sin cumplir los procedimientos legales podría derivar en futuras demandas contra el Estado de Honduras, recordando que en administraciones anteriores se han impulsado destituciones sin apego estricto a la normativa.
Señalamientos a instituciones
Durante su pronunciamiento, Aguilar también cuestionó actuaciones del Ministerio Público de Honduras, señalando que supuestamente se habría impulsado un proceso contra tres personas de la tercera edad acusadas de terrorismo en un caso que calificó como “eminentemente político”. Según afirmó, estas personas están próximas a cumplir un año en prisión preventiva, lo que —a su criterio— podría representar una vulneración a derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Asimismo, mencionó actuaciones de un consejero del Consejo Nacional Electoral de Honduras y de un magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras. En ese contexto, se refirió al consejero Marlon Ochoa y al magistrado Mario Morazán, quienes —según afirmó— habrían obstaculizado el proceso electoral al no asistir a sesiones establecidas por la ley, lo que afectaría el desarrollo del calendario electoral y la alternabilidad en el poder.
“Sí existen acciones que podrían sustentar un juicio político, pero deben documentarse adecuadamente y seguir el procedimiento que establece la ley”, reiteró.
Posibles votos en el Congreso
Sobre la viabilidad política de estas iniciativas, Aguilar consideró que los votos necesarios podrían alcanzarse si las principales fuerzas políticas del Congreso actúan en conjunto. A su juicio, la suma de los diputados de los partidos Nacional y Liberal superaría los 90 votos, a los que podrían sumarse legisladores de otras bancadas minoritarias.
En los últimos días, distintos sectores de la sociedad han reiterado su exigencia de que se promuevan juicios políticos en casos relacionados con el proceso electoral. A esta postura también se ha sumado el presidente de Honduras, Nasry Asfura, lo que ha incrementado la presión sobre el Legislativo para que analice eventuales iniciativas.
Desde ASJ reiteraron que el combate a la impunidad no debe depender de negociaciones políticas, sino de pruebas claras y del respeto irrestricto al marco constitucional.
La Tribuna
