Ley de Reactivación Económica no puede imponerse sobre el Código del Trabajo, observación de Gustavo Solorzano

19/02/2026

Tegucigalpa- El asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Gustavo Solórzano, planteó serias observaciones al proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, al considerar que cualquier intento de reducir el aparato estatal debe hacerse con criterios técnicos, legales y sin vulnerar derechos laborales.

Solórzano señaló que es necesario analizar qué instituciones del Estado no están cumpliendo funciones reales o están incurriendo en duplicidad de tareas, situación que —según indicó— ha sido denunciada en reiteradas ocasiones debido a nombramientos que responden más a compromisos políticos que a necesidades institucionales.

“Hemos advertido que muchas instituciones se crearon únicamente para nombrar amigos. Eso hay que corregirlo”, expresó, al tiempo que sostuvo que reducir el tamaño del Estado es una necesidad impostergable.

El asesor del COHEP detalló que actualmente el aparato gubernamental supera las 260 mil personas en planilla, lo que representa un pago mensual de más de 8 mil millones de lempiras y un gasto anual que ronda los 110 mil millones de lempiras, una cifra similar a lo que el Estado recauda por concepto de Impuesto Sobre la Renta.

No obstante, Solórzano fue enfático en señalar que la reducción del Estado no debe traducirse en despidos masivos ni en dejar a la población sin empleo y en indefensión. “El objetivo no es que la gente se quede en la calle, sino que el Estado preste mejores servicios y genere condiciones adecuadas de trabajo”, subrayó.

Asimismo, informó que desde el COHEP ya se ha revisado el proyecto de ley y se han emitido recomendaciones, advirtiendo que la materia laboral “es especialmente delicada”. En ese sentido, cuestionó disposiciones del proyecto que pretenden anticipar trámites administrativos para verificar la disponibilidad financiera en el Tesoro Nacional.

“El problema es que la materia laboral está regulada por el Código del Trabajo y existen normas especiales para la ejecución de sentencias laborales. Si esta ley entra en contraposición con el Código del Trabajo, lo que se va a aplicar es el Código, por lo tanto, no tiene sentido”, explicó.

Finalmente, Solórzano advirtió que, si el objetivo es modificar aspectos laborales, lo correcto sería impulsar una reforma directa al Código del Trabajo y no intentar introducir cambios de forma indirecta mediante una ley de carácter económico-administrativo.