Hondurasensusmanos Noticias Las noticias positivas que nos hacen crecer!
17/02/2026
Tegucigalpa – En un movimiento potente contra el colapso financiero heredado, el Congreso Nacional recibió el proyecto de Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano, que declara un Estado de Emergencia Fiscal por hasta 24 meses.
La iniciativa del Ejecutivo busca amputar alrededor de 36 instituciones estatales redundantes, redirigir embargos judiciales –que en 15 días superaron los 3,000 millones de lempiras– a la Tesorería General y reestructurar la deuda pública, todo bajo estrictos controles para evitar abusos y garantizar servicios esenciales.
El proyecto busca que el gobierno logre reducir instituciones del Estado, actualmente más de 100, así como que los embargos judiciales por diversas causas no se apliquen a la Caja Única del Estado, sino que se dirijan a la Tesorería General de la República (TGR), para que haga las programaciones del pago de las mismas.
Igualmente, de aprobarse el proyecto de ley autoriza a la Secretaría de Finanzas (Sefin) para reestructurar o perfilar la deuda pública del Estado (tanto interna como externa), a fin de poder honrar los compromisos de la hacienda pública.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa sostiene que el país enfrenta una situación fiscal extraordinaria que compromete la estabilidad macroeconómica, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la capacidad del Estado para cumplir oportunamente sus obligaciones constitucionales y legales.
En ese contexto, la ley plantea la adopción de medidas excepcionales y temporales orientadas a corregir desequilibrios fiscales, restablecer el orden financiero y sentar las bases para una recuperación económica sostenible.
El proyecto establece que la declaratoria de emergencia no implica la suspensión de derechos fundamentales ni la alteración del orden constitucional, sino la habilitación de un régimen estrictamente fiscal y financiero, limitado en el tiempo y sujeto a mecanismos de control, rendición de cuentas y responsabilidad administrativa, civil y penal en caso de abusos o incumplimientos.
Racionalización y ordenamiento
Entre los principales alcances, la ley faculta al Poder Ejecutivo a implementar acciones en materia de ingresos fiscales, racionalización del gasto público, ordenamiento financiero y reestructuración institucional, incluyendo procesos de reducción o reorganización de entidades de la administración pública centralizada, desconcentrada y descentralizada.
Asimismo, autoriza la realización de conciliaciones y arreglos judiciales o extrajudiciales cuando la continuación de procesos represente un mayor perjuicio económico para el Estado, previa disponibilidad presupuestaria y dictámenes legales.
El proyecto también concede a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la facultad de realizar movimientos presupuestarios entre gasto corriente y de capital, con el objetivo de mejorar las condiciones financieras del país y garantizar la sostenibilidad fiscal, sin afectar el pago del servicio de la deuda, salarios ni la operatividad básica de las instituciones.
Otro de los puntos relevantes es la orden de realizar un diagnóstico integral de actos administrativos, contratos y decisiones emitidas antes de la entrada en vigencia de la ley, que pudieran haber sido adoptados sin apego a la legalidad o con impacto negativo en las finanzas públicas.
Dichos casos deberán ser documentados y remitidos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para lo que en derecho corresponda. La normativa, además, promueve auditorías preventivas, concurrentes y posteriores, en coordinación con ese ente contralor.
La iniciativa se fundamenta en los artículos 245 numeral 20 y 205 numeral 1 de la Constitución de la República, así como en la Ley de Responsabilidad Fiscal, y establece que su cumplimiento será obligatorio para los poderes del Estado, órganos constitucionales y todas las instituciones públicas.
La vigencia de la ley será de hasta dos años, contados a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta.
El proyecto está en el Congreso Nacional y ahora queda a la espera de su discusión y eventual aprobación en el pleno legislativo, en un contexto marcado por el desorden fiscal, el excesivo gasto y las deudas heredadas de la administración de Libre. El debate sobre el manejo de las finanzas públicas y el rumbo económico del país está en el tapete.
Un problema histórico
El ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, señaló que la ley autorizaría al Poder Ejecutivo a realizar una reducción del aparato estatal, tras haberse identificado duplicidad de funciones y sobrecarga laboral en varias instituciones públicas.
En relación con las demandas judiciales, el ministro reconoció que se trata de un problema histórico que ha afectado las finanzas del país durante décadas. Sin embargo, advirtió que en los últimos días el impacto se ha incrementado de forma considerable.
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos al Estado han alcanzado montos cercanos a los 10,000 millones de lempiras, lo que representa un promedio anual de 2,000 millones. No obstante, solo en menos de 15 días recientes, las demandas ya han generado un impacto superior a 3,000 millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República.
Poner orden y empezar a negociar
El docente de la facultad de economía de la UNAH, Henry Rodríguez, consideró que el gobierno tiene un problema serio de cómo atender esa serie de pagos que son a corto plazo, y que generalmente se produce en transiciones gubernamentales.
Sostuvo que ha habido una acumulación de obligaciones con constructoras, generadores térmicos, deuda flotante y las demandas laborales.
Añadió que no hay suficiente recaudación fiscal, ni las arcas del Estado poseen recursos para atender los problemas a corto plazo.
Rodríguez recomendó al gobierno poner orden definiendo primero de cuánto se debe y a quiénes, empezar a negociar y mejorar un flujo de fondos de acuerdo a los ingresos.
