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Tegucigalpa – La drástica reducción en los decomisos de cocaína en Honduras durante 2025 —cuando apenas se incautaron poco menos de dos toneladas— contrasta con las 25 toneladas reportadas en 2024 y ha encendido alertas en los círculos de seguridad. Fuentes del sistema de justicia atribuyen esta caída, en parte, a un intercambio “altamente limitado” de información de inteligencia por parte de agencias internacionales, especialmente de Estados Unidos y Colombia.
Una alta fuente antidrogas confió que la cooperación en materia de crimen organizado se ha reducido significativamente. Según explicó, las operaciones antidrogas requieren el cruce de información estratégica y la coordinación logística aérea, naval y terrestre para interceptar aeronaves, embarcaciones y lanchas rápidas. Aunque las acciones operativas involucran a las Fuerzas Armadas, la conducción técnica y jurídica corresponde al Ministerio Público.
“Algunas agencias internacionales sostienen que mientras esté el actual Fiscal General no compartirán plenamente información de inteligencia en materia de crimen organizado”, afirmó la fuente, al señalar que el flujo de datos es en la actualidad “altamente limitado”, particularmente desde Estados Unidos y Colombia.
La situación coincide con una caída pronunciada en los resultados operativos. En 2025, Honduras reportó la incautación de 1,562 kilogramos de cocaína, cifra considerablemente inferior a la de años anteriores. Además, la erradicación de arbustos de coca también descendió: poco más de un millón en 2025, frente a casi siete millones en 2023 y 3.5 millones en 2024.
Datos oficiales reflejan la evolución del fenómeno: 12 mil plantas de coca fueron halladas en 2017; 112 mil en 2018; 40 mil en 2019; 424,900 en 2020; 531,836 en 2021; 6.5 millones en 2022; casi 7 millones en 2023; 3.5 millones en 2024 y un millón en 2025. Las cifras evidencian que Honduras ha pasado de ser territorio de tránsito a registrar también producción local de coca.
En contraste, durante 2024 el país reportó 13,391 kilos de cocaína incautados en 11 departamentos y 11,380 kilos interceptados en aguas del Caribe, lo que entonces evidenciaba una coordinación activa con agencias internacionales. Sin embargo, en 2025 el mayor decomiso ocurrió el 6 de abril en Chamelecón, con 780 kilos, sin que se repitieran los grandes golpes de años previos.
Mientras tanto, la destrucción de narcopistas —que en años anteriores marcó la estrategia de combate al tráfico aéreo— prácticamente desapareció del registro público. A ello se suma la falta de información oficial sobre la operatividad de los radares, un tema que continúa generando interrogantes en los entes de seguridad.
Fuentes consultadas también reconocen la proliferación de plantaciones de coca y marihuana, así como la circulación sin mayor control de precursores químicos utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. En este contexto, algunos países que antes intercambiaban información con Honduras estarían priorizando la cooperación con otras naciones de la región.
Uno de los ejemplos citados es El Salvador, que en los últimos años ha reportado fuertes golpes al narcotráfico en el Pacífico. El pasado 6 de febrero, autoridades salvadoreñas informaron la incautación en lo que va de 2026 de 2,815 kilogramos de cocaína, valorados en más de 70 millones de dólares. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que su país “dejó de ser corredor del narcotráfico y hoy es una muralla firme en el Pacífico”.
En 2025, El Salvador reportó el decomiso de más de 25 toneladas de droga, valoradas en 618.7 millones de dólares; en 2024 fueron más de 17.2 toneladas, estimadas en 422.7 millones.
En el plano político interno, la diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, María Antonieta Mejía, afirmó desconocer si la reducción en la cooperación internacional está vinculada con la permanencia de la cabeza del MP, aunque señaló que “lo entendería” debido a cuestionamientos sobre su gestión y la percepción de falta de objetividad en el ejercicio del cargo.
A nivel internacional, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, reveló recientemente que el líder venezolano Nicolás Maduro, capturado por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, habría pagado para utilizar el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México, configurando un “puente aéreo” para el tráfico de drogas hacia territorio norteamericano. Las autoridades estadounidenses señalaron que se trataba de una estructura de cobro por el uso del espacio aéreo en rutas ilícitas.
Fiscal activo en 2026
En medio de las críticas, el fiscal Johel Zelaya inició 2026 encabezando operativos antidrogas, una práctica poco habitual desde su asunción en noviembre de 2023. El 4 de febrero compareció ante medios tras una operación contra la MS-13 que incluyó 17 allanamientos en el departamento de Cortés. En esa acción se reportó el decomiso de drogas, armas, lanzacohetes, vehículos e indumentaria policial y militar ocultos en caletas dentro de residencias de lujo, así como la captura de nueve personas.
El 12 de febrero, el Ministerio Público informó sobre el desmantelamiento de un búnker subterráneo utilizado por la misma estructura criminal para ocultar droga y armamento. De manera preliminar, se indicó que la operación guarda relación con acciones ejecutadas por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en seguimiento a miembros que habrían huido en un autobús cargado de evidencias.
La reducción en los decomisos, el señalamiento de limitaciones en la cooperación internacional y la persistencia de estructuras criminales plantean un escenario complejo para Honduras, país que por años fue identificado como punto estratégico en el tránsito de droga desde Sudamérica hacia el norte del continente. La interrogante ahora es si la caída en las cifras responde a una disminución real del tráfico o a una merma en la capacidad de detección e interdicción.
