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Tegucigalpa – El secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, se comprometió a intensificar la lucha contra la extorsión en Honduras, con el objetivo de evitar que este delito continúe expandiéndose a nivel nacional y reducir el impacto que tiene sobre la población, especialmente en sectores productivos como el comercio y el transporte.
El alto funcionario aseguró que una de las principales metas de su gestión es reducir los grupos criminales dedicados a la extorsión, combatir las estructuras que se derivan de este delito y evitar que siga irradiándose en el país, al recordar que en el pasado este fenómeno se concentraba en las grandes ciudades, pero hoy se ha extendido incluso a municipios pequeños.
“Antes la extorsión estaba focalizada en zonas urbanas específicas, hoy ya se ha extendido a casi todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es que este delito no siga creciendo y que las estructuras criminales sean debilitadas”, expresó.
Un delito concentrado en zonas clave
De acuerdo con datos disponibles, el 72 % de los casos de extorsión en Honduras se concentran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, afectando principalmente a comerciantes, pequeños empresarios y transportistas, quienes son obligados a pagar cuotas ilícitas bajo amenazas de muerte o atentados.
Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revela que, durante la vigencia del estado de excepción, los municipios con las tasas más altas de extorsión por cada 100 mil habitantes fueron el Distrito Central, San Pedro Sula, Valle de Ángeles y Tatumbla.
Además, entre 2002 y 2024 se registraron 74,045 denuncias por extorsión en todo el país. De ese total, el 43 % se concentró únicamente en el Distrito Central, San Pedro Sula y Choloma, zonas históricamente consideradas de alto riesgo por la fuerte presencia del crimen organizado.
Críticas al estado de excepción
Sobre la efectividad de las estrategias anteriores, el secretario de Seguridad, Gerson Velásquez, recalcó que el estado de excepción no logró los resultados esperados y, en algunos casos, se convirtió en una medida que incluso derivó en violaciones a los derechos humanos.
“El estado de excepción tuvo un impacto inicial, pero no se mantuvo como una política de Estado. En algunos casos fue hasta una violación de los derechos humanos y no alcanzó el objetivo propuesto”, señaló.
