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Tegucigalpa- La Red Centroamericana de Periodistas (RCP) valoró de forma positiva la decisión unánime adoptada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica de eliminar las penas de prisión para periodistas en casos de calumnia e injuria, calificándola como una medida histórica que fortalece de manera sustancial la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
A través de un pronunciamiento, la organización hizo un llamado al gobierno costarricense a ratificar la normativa para su plena entrada en vigor, e instó a los demás países de Centroamérica a revisar sus marcos legales y avanzar hacia la despenalización de los delitos contra el honor.
La reforma deroga los artículos 7 y 8 de la Ley de Imprenta, disposiciones que durante más de un siglo permitieron la imposición de sanciones penales, incluida la cárcel, contra periodistas, editores y personas responsables de publicaciones. Para la RCP, su eliminación representa un avance significativo para reducir los riesgos de criminalización del trabajo periodístico y fortalecer el debate público en una sociedad democrática.
La Red destacó que esta decisión se alinea con los estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha reiterado que el uso del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público resulta desproporcionado y genera un efecto inhibidor incompatible con una democracia.
Asimismo, la RCP aclaró que la eliminación de las penas de prisión no implica impunidad ni habilita el uso irresponsable de la libertad de expresión. Subrayó que el ejercicio periodístico conlleva deberes éticos, estándares profesionales y responsabilidades legales que deben cumplirse, y que las controversias sobre el honor pueden resolverse mediante mecanismos civiles, como el derecho de respuesta, la rectificación y la reparación proporcional.
La organización reconoció la decisión como un ejemplo regional, especialmente en un contexto marcado por el uso creciente de los sistemas judiciales para hostigar, intimidar y silenciar a periodistas mediante procesos penales y demandas estratégicas contra la participación pública.
En ese sentido, citó casos como el del periodista costarricense Marlon Mora, así como los de José Rubén Zamora en Guatemala, Carlos Eduardo Ávila en Honduras y Jorge Beltrán en El Salvador, que evidencian cómo la existencia de sanciones penales facilita la criminalización del periodismo y el hostigamiento legal contra la prensa.
Según la RCP, estos casos demuestran que el castigo no se limita a una eventual condena, sino que se manifiesta en el propio proceso judicial y en su efecto intimidatorio sobre periodistas y medios de comunicación.
Finalmente, la Red reiteró su llamado a los gobiernos centroamericanos a despenalizar los delitos contra el honor, en consonancia con los estándares internacionales de derechos humanos y con la necesidad urgente de frenar el uso de los sistemas judiciales como mecanismos de censura.
