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Tegucigalpa – Luego de comparecer en audiencia de imputados, el juez natural determinó dictar arresto domiciliario para la diputada Isis Cuéllar, acusada por 67 delitos de fraude en el escándalo de drenaje de fondos públicos en el denominado caso “Chequesol”.
– La audiencia inicial se verificará este viernes a las 9.00 de la mañana.
Junto a la congresista Cuellar comparecieron en la audiencia Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales. A todos se les dictó la medida cautelar de arresto domiciliario.
[ISIS CUÉLLAR] La poderosa diputada que pasó de “indignación anticorrupción” al centro del escándalo
Así lo informó el vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, manifestó que el juez tomó esta determinación para asegurar la eficacia del proceso y la presencia de los imputados en las siguientes etapas judiciales como la audiencia inicial.
Asimismo, Silva confirmó que a Cuéllar fue suspendida de su cargo como diputada, prohibición de salir del país, no debe mantener comunicación con el resto de los imputados, ni con las instituciones implicadas.
El juez también dictaminó que la audiencia inicial para estas seis personas sea el viernes 6 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana, sumándose a los otros cinco imputados que se habían presentado previamente.
Silva manifestó que el juez designado declaró sin lugar recursos de reposición interpuestos por la defensa de Cuéllar de la suspensión de su cargo y que hay un diputado suplente que puede ocupar su curul mientras dure el proceso.
Explicó que el Ministerio Público solicitó la suspensión de su cargo Cuéllar debido a la gravedad de las acciones, una posible obstrucción a la justicia y los indicios de participación.
Indicó que ninguno de los imputados presentó solicitud de rendición de cauciones.
Los demás procesados
Las personas detenidas y que gozan ya de arresto domiciliario son: Casandra Gáleas Arias (también referida en algunos documentos como Eleny Kassandra Gáleas Arias), Fabricio Solórzano (posiblemente relacionado con Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler u otra persona vinculada).
Asimismo, Ilse Baquedano (Ilsy Valeska Baquedano Mejía), Paola Pérez (Iris Paola Pérez Moreno), excuñada de la diputada Isis Cuéllar, y José Carlos Cardona.
A estas personas se les imputan delitos de fraude, fondos destinados a programas de desarrollo económico y social, principalmente en el departamento de Copán.
El caso investiga presuntas irregularidades en la emisión y cobro de cheques del Fondo de Administración Solidaria, con indicios de que recursos públicos no llegaron a sus beneficiarios finales y fueron desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.
Relación de hechos
El caso del “cheque video” se basa en la revelación de un video entre la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de Desarrollo Social (Sedesol), José Carlos Cardona, en el que ambos confirman el uso de dinero público para situaciones de la campaña electoral del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre).
Este hecho provocó que rodara la cabeza de Cardona como titular de Sedesol, mientras que a Cuéllar, en teoría, la suspendieron de todos los cargos de Libre según lo difundido en un comunicado de su asamblea partidaria, además la vetaron como diputada del Congreso Nacional y candidata a reelegirse como legisladora. Todo ello quedó en discurso y Cuéllar ha recobrado su vigencia política.
En el material audiovisual, la congresista por Copán explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere Cuéllar en la conversación con el titular de Sedesol.
La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.
El lunes se presentó un requerimiento fiscal con orden de captura inmediata en contra de Cuéllar y Cardona, así como otras 10 personas más.
