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La guerra, el crimen organizado, la política y hasta la vida cotidiana de las familias hondureñas están cada vez más atravesadas por un nuevo territorio: el ciberespacio, ese “no lugar” donde se almacenan nuestros ahorros, nuestras conversaciones, nuestra identidad y, cada vez más, la información estratégica de los Estados.
Mientras leemos estas líneas, las grandes potencias compiten por ventaja militar y política mediante ciberoperaciones y el uso intensivo de inteligencia artificial. La inversión mundial en aplicaciones militares de IA crece de manera acelerada y se orienta a vigilancia, ciberseguridad, logística, simulación de combate y apoyo a la toma de decisiones.
Alianzas como la OTAN realizan ejercicios de guerra cibernética a gran escala para entrenar a sus países miembros frente a apagones simulados, ataques a redes eléctricas, manipulación de satélites y campañas de desinformación. Al mismo tiempo, conflictos reales muestran cómo distintos actores utilizan IA para fabricar documentos falsos, engañar funcionarios y penetrar sistemas de defensa.
Puede sonar lejano, pero no lo es. Cuando una persona en Tegucigalpa abre la aplicación del banco para pagar la luz, cuando un emprendedor registra su negocio en línea, cuando una familia en el interior del país depende de las remesas enviadas por un hijo desde Estados Unidos, está confiando en que el sistema digital funciona, que nadie alterará sus datos, que nadie bloqueará esas plataformas.
Un gran ataque cibernético a la banca, a la red eléctrica o a los sistemas del gobierno no se viviría como una “guerra tecnológica sofisticada”, sino como salarios que no llegan, tarjetas que no funcionan, hospitales sin sistemas, policías y militares con comunicaciones vulneradas. Es decir: caos en la vida de la gente.
Frente a ese escenario, la mayoría de los países de la región se ha visto obligada a dar un salto: estrategias nacionales de ciberseguridad, equipos de respuesta a incidentes, marcos legales específicos y capacidades de ciberdefensa dentro de sus fuerzas armadas.
Honduras, sin embargo, sigue en proceso de construir ese andamiaje institucional. El país aún no cuenta con una estrategia nacional de ciberseguridad plenamente implementada ni con un equipo nacional de respuesta a incidentes cibernéticos que funcione de manera robusta y coordinada. Al mismo tiempo, el propio gobierno ha reconocido este rezago y lo ha incorporado en su agenda de gobierno digital, donde se plantea como meta emitir una estrategia nacional, un plan de acción y crear capacidades específicas para responder a incidentes.
Es decir, partimos tarde, pero no estamos condenados a quedarnos atrás. Hay una ventana de oportunidad si se toman decisiones valientes y técnicas a la vez.
En este contexto, hace unos días recibí la notificación de que he sido seleccionado para participar en el curso “Desarrollo de Políticas Cibernéticas y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para la Defensa” (Cyber Policy Development & Artificial Intelligence Applications for Defense), impartido en la Universidad de Defensa en Washington, en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry.
Este espacio reúne a civiles y militares del continente para analizar, precisamente, las implicaciones estratégicas de la gobernanza del ciberespacio, la IA y la protección de la infraestructura crítica.
No lo menciono como un logro personal, sino como una oportunidad para Honduras: sentarnos en la mesa donde se está discutiendo cómo se verán las próximas décadas de seguridad y defensa en la región.
¿Por qué debería importarle esto a un tomador de decisiones que lidia a diario con temas tan urgentes como pobreza, migración, salud, educación o seguridad ciudadana? Porque todos esos problemas ya están atravesados por la dimensión digital.
Un ataque que deje fuera de servicio los sistemas de migración puede paralizar fronteras y agravar la crisis de movilidad. Un ataque a hospitales públicos puede borrar historiales clínicos y hacer colapsar servicios ya de por sí frágiles. Una campaña de desinformación amplificada por IA puede incendiar el debate público, polarizar aún más la sociedad y afectar procesos electorales. En otras palabras, la ciberseguridad y la IA aplicada a la defensa no son un lujo académico; son el “seguro invisible” que sostiene la vida diaria del país.
Para Honduras, pensar en política cibernética de defensa no significa militarizar internet ni justificar vigilancia abusiva. Significa reconocer que hay intereses nacionales que dependen de sistemas digitales y que esos sistemas deben estar protegidos con criterios claros: quién hace qué en una crisis, qué se considera infraestructura crítica, qué nivel de resiliencia exigimos a bancos, operadores de energía, telecomunicaciones y al propio Estado, cómo cooperamos con socios internacionales, cómo entrenamos a nuestras fuerzas armadas y policías para operar en este entorno y, sobre todo, cómo garantizamos que cualquier respuesta respete derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La inteligencia artificial introduce otra capa de complejidad. Hoy ya no basta con tener un buen antivirus o políticas de contraseña. Los atacantes usan IA para generar correos falsos cada vez más creíbles, documentos de señuelo y mensajes personalizados para engañar a funcionarios. Al mismo tiempo, la defensa depende cada vez más de IA para analizar miles de eventos por segundo, detectar patrones anómalos en redes y priorizar alertas que ningún equipo humano podría revisar manualmente.
