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19.03.2025
La querella penal interpuesta por la Secretaría de Finanzas de Honduras (Sefin) contra Dagoberto Rodríguez, director de Radio Cadena Voces (RCV), ha generado un fuerte rechazo a nivel nacional e internacional, ya que se considera un intento de intimidación hacia el periodismo independiente. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha expresado su preocupación por esta acción judicial, interpretándola como una represalia por la publicación de un reportaje sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
La querella se basa en un informe de RCV que denunció un sobregiro de 6.500 millones de lempiras (más de 250 millones de dólares) en la Tesorería General de la República, destinado a la organización de las elecciones primarias y administrado por diversas entidades gubernamentales. La Sefin argumenta que la denuncia no presenta pruebas documentales, calificando la información como «especulativa». En respuesta, RCV reafirmó que su investigación se basó en datos verificables y aseguró que no cederá ante intentos de censura o amedrentamiento.
La SIP ha señalado que estas acciones judiciales contra periodistas violan los principios de libertad de expresión establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec. José Roberto Dutriz, presidente de la SIP, declaró que las querellas penales contra periodistas son un mecanismo de censura que atenta contra los principios democráticos y desincentiva el periodismo de investigación, crucial para la transparencia y rendición de cuentas gubernamental.
Asimismo, la SIP expresó su preocupación por la creciente presión contra los medios de comunicación en Honduras, señalando que las autoridades deben garantizar un entorno favorable para la labor periodística en lugar de recurrir a medidas judiciales punitivas.
Diario Roatan
