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08.11.24
Los cuatro casos penales que afectaban al candidato republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de EE.UU. parecen encaminarse hacia un cierre definitivo tras su victoria en los comicios del pasado martes. Con su investidura presidencial programada para el 20 de enero de 2025, el Departamento de Justicia no podrá proceder con los cargos una vez Trump asuma el cargo, lo que ha generado un giro en el panorama judicial de los casos que lo involucran.
Fuentes informadas han indicado a los canales NBC y ABC que, con la posibilidad de que los casos federales impulsados por el fiscal especial Jack Smith no prospere, se están dando señales de que podrían ser cerrados. Smith lidera las investigaciones relacionadas con la incitación al asalto al Capitolio en enero de 2021 y el manejo indebido de documentos clasificados en Florida, pero ambas causas se han visto estancadas, especialmente después de una reciente decisión del Tribunal Supremo que otorgó inmunidad presidencial parcial a Trump.
Uno de los casos más significativos, el de los documentos clasificados, había sido desestimado previamente por una jueza nombrada por Trump, quien consideró inconstitucional el nombramiento de Smith por parte del fiscal general Merrick Garland. La defensa de Trump ha mostrado su intención de eliminar completamente los casos en su contra.
El fiscal especial Smith ha sido objeto de amenazas, y Trump ha asegurado que, de llegar a la Casa Blanca, despedirá inmediatamente a Smith. Un colaborador cercano de Trump, Mike David, incluso sugirió que el fiscal debería «buscar abogado».
Sin embargo, el caso más urgente de todos es el que tiene lugar en Nueva York, donde Trump fue condenado en mayo por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con el encubrimiento de un escándalo sexual durante la campaña electoral de 2016. El juez encargado de este caso, Juan Merchan, ya ha retrasado la sentencia a la espera de una resolución sobre la inmunidad presidencial, y se ha programado una audiencia para este martes 12 de noviembre para abordar una moción de la defensa que busca anular la condena. Aunque Trump se enfrenta a una pena máxima de cuatro años de cárcel, los expertos creen que la defensa buscará seguir dilatando el proceso, especialmente con la posibilidad de que el caso se prolongue hasta después de su nombramiento como presidente.
Por otro lado, el caso relacionado con las elecciones de 2020 en Georgia no parece avanzar antes de la investidura, ya que ha sido obstaculizado por tensiones internas entre los fiscales. La defensa de Trump ha argumentado que todos estos casos forman parte de una «caza de brujas» orquestada por una fiscalía que se alinea con los intereses del Partido Demócrata.
A medida que se acerca la fecha de su toma de posesión, el futuro judicial de Trump parece estar marcado por una serie de retrasos y desafíos legales que podrían diluir el impacto de los casos penales que lo han acompañado durante toda la campaña presidencial.
Fuente: Diario Roatán.
