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Tegucigalpa. 22.03.2023
El Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) comenzó a socializar la propuesta denominada “Ley Especial para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, la cual pretende presentar al Congreso Nacional (CN), para que sea aprobada y puesta en vigencia.
La asesora legal del CTPRT, Jenny Almendárez, explicó que la iniciativa “es una ley que incluye varios ejes muy importantes, entre ellos el delito de tortura y delitos conexos, actualmente hay delitos como la obstrucción y también la instigación a cometer tortura, que no están regulados; la necesidad de crear un marco investigativo procedimental para temas de tortura que garantice la adecuada prosecución e investigación”.
Asimismo, dijo que esta propuesta de ley tiene como objetivo que “se pueda establecer dictámenes médicos de conformidad con el Protocolo de Estambul, que son los estándares internacionales de investigación, detección y atención a las víctimas de la tortura, la reparación integral de las víctimas, la participación ciudadana y protección a las víctimas”.
“Creemos que es una ley que crea inclusive un registro nacional de detenciones, un programa nacional de prevención de la tortura, el establecimiento de la coordinación interinstitucional, a través de protocolos homologados para la investigación de la tortura”, detalló.
La togada indicó que la ley en mención tiene alrededor de 60 artículos, “no es una ley muy grande, pero consideramos que tiene los contenidos más importantes que no están establecidos en otras normativas”.
Señaló que, por ejemplo, “si bien es cierto, hay una disposición legal que establece la reparación integral que puede hacerse según el artículo 51 del Código Procesal Penal, a través de la Procuraduría General de la República, consideramos que es necesario generar instancias y mecanismos para que se pueda garantizar a las víctimas la reparación integral…”.
“…la creación inclusive de órganos jurisdiccionales que se encarguen de los delitos de actos de tortura, la exclusión de prueba que se haya obtenido mediante tortura”, manifestó.
PRIVADOS DE LIBERTAD
El exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y fundador del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Juan Almendárez, tras finalizar la exposición de la propuesta de ley para prevenir las torturas, manifestó que “hay una cuestión muy importante acerca de las cadenas de los medios de comunicación, el cine y toda la propaganda de televisión, donde se presenta a la mujer como objeto”.
Añadió que “todos los mensajes, y ahora el internet, los aparatos digitales que aíslan a los niños y que pueden ser víctimas de violación y torturas, a través de esos medios, para eso no tenemos ninguna ley”.
El doctor Almendárez dijo que “la guerra mediática viola constantemente los derechos humanos y además genera el odio contra las personas privadas de libertad”.
“Las personas que están en las cárceles son producto de un modelo económico explotador y no es que yo tenga una determinada tendencia, yo nunca niego mis ideas, pero sí hay cosas que explotan al ser humano y sobre todo a la mujer y a la niñez, por ejemplo, los mayores explotados de este país son los niños”, lamentó.
Explicó que “la mayor parte de violaciones son engendradas en el cerebro, a través de toda la propaganda; uno se pregunta por qué hablamos tanto de narcotráfico y las empresas lo más que promueven es el narcotráfico, las películas de narcotraficantes… ¿Y quienes son las más golpeadas, violadas?, ¡Las mujeres!, casi nadie habla de la trata de mujeres y el comercio de órganos en este país”. (XM)
Buscan crear fiscalía especial y observatorio
La asesora legal del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Jenny Almendárez, manifestó que “el fortalecimiento del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, como un aspecto importante para establecer”.
“Queremos que el mecanismo nacional pueda constituir un observatorio de veeduría social que permita la necesidad de identificar todos aquellos casos de tortura, sancionarlos y que se les repare a las víctimas para que no se vuelvan a repetir estos hechos”, detalló.
Afirmó que se plasmará en la ley la creación de una fiscalía especial para investigar violaciones de derechos humanos en establecimientos penitenciarios y también órganos jurisdiccionales.
Actualmente se encuentran en un proceso de revisión de la ley, sin embargo, a mediados de abril estarían enviándola al Congreso Nacional, no obstante, el diputado Bartolo Fuentes afirmó estar dispuesto a presentarla ante el pleno legislativo.
