Miles de ONG’s son investigadas por no cumplir su papel y operar ilegalmente en Honduras

Tegucigalpa,Honduras sábado 16 julio 2022

El ministro de la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia, Tomás Vaquero, informó que, unas 8 mil Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) que quedaron registradas desde el gobierno anterior, están siendo revisadas.

En ese sentido, Vaquero explicó que actualmente están haciendo una revisión exhaustiva de todas las ONG’s que están registradas en esta secretaría de Estado.

“Nosotros somos un organismo rector en cuanto a lo que es el registro de organizaciones de sociedad civil que tienen que ver básicamente con las ONG’s, fundaciones y asociaciones de beneficio mutuo. Estamos trabajando fuertemente en esa revisión, tenemos más de 8 mil entidades registradas y muchas de ellas no cumplen su cometido para el cual fueron creadas”, manifestó.

Por tal razón, han procedido a realizar una revisión exhaustiva de existencia de documentación que tienen y en función de eso han llegado a concluir que solo hay mil 400 que realmente están en funcionamiento.

Vaquero anunció que, ante ello, se ven en la obligación de suspender aquellas que no funcionan porque devienen en la responsabilidad de depurar estas entidades para que el Estado conozca con quien debe o no contar para poder ejecutar acciones conjuntas en pro de las comunidades del país.

“Hay unas – ONG’s- que están siendo cuestionadas por el manejo de recursos del Estado. Hay muchas de ellas que manejaron recursos directos de Gobernación, Salud, Educación y diferentes entidades, y para nosotros es difícil controlar los recursos que se dieron en total para cada una de ellas”, manifestó.

Ahondó que son más de 1,400 millones de lempiras que fueron manejados por estas ONG’s y no se conoce el destino que le dieron al dinero, no hay documentos de liquidez de fondos y por eso se están haciendo los estudios.

Recordó que ya existen denuncias e investigaciones promovidas por terceras personas y otras que se han hecho de oficio por entidades persecutoras del delito.

Fuente: La Tribuna