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La histórica demanda del Departamento de Justicia estadounidense a Google, una de las mayores empresas del mundo, ha supuesto un punto de inflexión en las políticas gubernamentales de EE.UU. Hasta la fecha, se había mantenido más al margen en comparación con la Unión Europea que lleva años de batalla contra los gigantes tecnológicos. Algunas de sus investigaciones han derivado en multimillonarias multas. Ahora, vuelve a estar en el punto de mira en algunos ámbitos.
Tres multas en Europa
Mientras en EE.UU. se ha iniciado el debate de cómo acabar con el posible monopolio de una de sus grandes empresas, en Europa, la firma de Mountain View (California) ha sufrido en los últimos años varias sanciones por abuso de poder. Tres han sido las multas. Una de ellas por entender que Shopping, su popular comparador de precios, perjudicaba a la competencia, pero también con su sistema operativo Android, el más popular del mundo. La última, a raíz de su plataforma de publicidad digital AdSense. Ahora, se tiene otras causas pendientes que pueden ocasionar, en el futuro, nuevas sanciones.
Una de ellas viene por la relación con los editores, quienes acusan al gigante de las búsquedas de lucrase a costa del contenido informativo publicado. La mayor presión proviene de Australia, donde se ha aprobado una normativa que obliga a la empresa a pagar a los medios por licenciar las noticias que sirve a los usuarios. Un cerco que se ha extendido a Europa, donde l a justicia francesa ha obligado a Google a negociar con la prensa la remuneración de sus contenidos.
La respuesta de la empresa ha sido, por el momento, llegar a acuerdos con determinadas cabeceras para licenciar algunas informaciones de interés público. La justicia gala ha confirmado la gran dependencia que los editores de prensa tienen del motor de búsqueda para obtener lectores. Se estima que los medios albergan entre un 26% y un 90% de tráfico orgánico, es decir, procedente de las búsquedas que realizan los internautas en Google. Este asunto puede tener implicaciones mayores y extenderse en Europa. «Cuanto más sectores domina, en más se obtiene un análisis de competencia», señala en conversación telefónica con ABC Sergio Carrasco, jurista experto en derecho digital.
Ley de Servicios Digitales
La Comisión Europea ultima la Ley de Servicios Digitales, que actualiza una normativa obsoleta. Tras presentarse el texto del borrador y concluida la consulta pública, se espera que se apruebe presumiblemente el próximo año una vez superado el trámite legal. Un futuro marco legal que tendrá un impacto en el ecosistema digital en el que opera la multinacional estadounidense.
La reforma prevista por Bruselas pretende que los teléfonos móviles inteligentes lleguen al mercado con menos aplicaciones preinstaladas. La norma, ahora, la puede extender a los fabricantes, con lo que puede derivar en un escenario en donde los futuros terminales vengan como los últimos modelos de Huawei, es decir, sin los servicios de Google.
«Es la misma acusación que sufrió Microsoft hace unos años y le va a dar muchos problemas, quizá económicos, el próximo año», sugiere a este diario Samuel Parra, jurista experto en derecho digital. «La idea es que el sistema operativo venga limpio o, al menos, que los competidores estén en igualdad de condiciones. Esto se traduce en que si vas preinstalar un navegador como Chrome, también preinstalados otros muy utilizados en el mundo», añade.
Compra de la empresa de salud digital Fitbit
Otro de los frentes abiertos está en la adquisición de la empresa de salud digital Fitbit. Una operación que ha despertado el fantasma del tráfico de datos personales, una información sensible a ojos de los legisladores europeos. La Comisión Europea abrió en agosto una investigación en profundidad sobre el proyecto. Bruselas teme que la operación «refuerce aún más la posición de la multinacional en los mercados de la publicidad en línea, aumentando el volumen de los datos que Google podría utilizar para personalizar su publicidad que propone o muestra», indicó la Comisión Europea en un comunicado.
Esos datos facilitan, según la CE, «informaciones esenciales sobre la vida y la salud de los usuarios de los dispositivos». La investigación pretende garantizar que con la compra de Fitbit, el control del gigante estadounidense sobre los datos recopilados a través de dispositivos portátiles no generará distorsiones de competencia.
«Al final, todo es una consecuencia del estado en el que está Google», valora Carrasco, al tiempo que matiza: «Que una empresa tenga una opción dominante no lo puedes castigar, lo que puedes castigar es cómo se utiliza». A su juicio, «cuanto más sectores domina, en más sectores se obtiene un análisis de competencia. Ha adquirido una serie de empresas que tienen una cuota muy alta y que tratan con muchos datos, así que tienen que mirarlo todo [por los legisladores]».
Recopilación de datos
Una demanda colectiva acusa a Alphabet, multinacional estadounidense, de «invadir ilegalmente la privacidad» de millones de usuarios al considerar que «rastrea de manera generalizada» su actividad en los navegadores de internet cuando se utiliza el «modo incógnito». La denuncia, presentada en junio por el bufete Boies Schiller Flexner ante el tribunal federal de San José (California, EE.UU.), reclama unos 5.000 millones de dólares (4.460 millones de euros).
Los denunciantes argumentan que el servicio de la empresa «invade ilegalmente la privacidad de los usuarios» al «rastrear a los usuarios» incluso cuando estos navegan bajo el modo «incógnito» o modo privado. Se trata de una función de privacidad incorporada en algunos navegadores de internet como Chrome, propiedad del gigante estadounidense. Esta opción permite que el sistema no guarde información sobre la página, como «cookies» y «caché web» ni registre la navegación a dicha página en el historial.
Servicio de ofertas de empleo
La Comisión Europea reconoció hace un año que inició una investigación si el gigante tecnológico norteamericano favorece su propio servicio de búsqueda de empleo, «Google for Jobs», frente a sus posibles competidores más pequeños. Esta investigación se encuentra en sus primeras fases, aunque no se ha descartado que salte en un caso de sanciones por abuso de posición dominante. Bruselas entiende que la división de la empresa estadounidense que se dedica a comparar las ofertas de trabajo opera bajo el mismo principio que Shopping, que derivó en una multa.
